Desde su surgimiento, el Ministerio de Desarrollo parecía tener la mejor de las intenciones, pero la peor de las estructuras, porque asumía tareas que ya estaban cubiertas por direcciones y programas de otros ministerios; además, porque no tenía una capacidad propia de ejecutoria, ya que por su génesis clientelar solo estaba orientado a efectuar intervenciones asistencialistas y no a atacar las causas de los rezagos en el desarrollo.

En apenas ocho años y medio de vida, en tres gobiernos, ha tenido ocho titulares, de cuyas gestiones ninguna destaca por haber emprendido algún programa visionario; simplemente se han limitado a continuar la inercia burocrática para empujar pagos de bonos, entrega de bolsas de alimentos e instalación de comedores sociales, programas cuyos nombres rimbombantes van y vienen.

Durante la actual crisis sanitaria causada por la pandemia de covid-19, el Mides ha tenido a su cargo programas de Bono Familia, cuya implementación ha estado sujeta a sucesivos atrasos, sobre todo porque anteriores listas de personas auxiliadas con ayudas sociales estaban plagadas de posible favoritismo, politización e incluso dudas sobre su existencia legal. Aunque se efectuó un primer pago de dicho beneficio, el segundo quedó sujeto a una verificación mediante una encuesta, que ha sido respondida por un 80% del grupo de elegibles. En un contexto de creciente desempleo, reducción de ingresos y constante encierro preventivo, tal espera se convierte en una verdadera agonía para quienes necesitan alimentar a sus hijos.

En todo caso, el atraso en la ejecución de recursos destinados a la población más vulnerable no se registra únicamente en el lapso de la calamidad, sino que viene de años atrás. Deficientes gestiones, programas mal diseñados o ayudas electoreras que restan fondos a otros fines figuran dentro de los recurrentes fallos del Mides. En el 2019, en el último año del gobierno de Jimmy Morales, fue el que más baja ejecución tuvo, con un 65% de gasto de los fondos, lo cual sería comprensible si acaso ya no hubiese áreas en pobreza y extrema pobreza.

Por ejemplo, el año pasado se denunció la mala utilización de los fondos de un crédito que estaba destinado a la mejora de gobernanza y nutrición, del cual el Fondo de Desarrollo Social, dependencia del Mides, recibió Q83.5 millones. En marzo del 2019, se denunció que un tercio de esos fondos se había usado para comprar y repartir láminas, varillas de hierro y aperos de labranza, lo cual no solo desnaturalizaba la finalidad del préstamo, sino que apuntaba a una utilización política en año electoral.

Se esperaba que, con el cambio de gobierno, y bajo la dirección del exdiputado Raúl Romero, la entidad tuviera, si no una reinvención, una depuración de cuadros y un replanteamiento de su estrategia para combatir el gran mal endémico y atávico de Guatemala: la desnutrición. Lamentablemente, el covid-19 se atravesó con todo y sus perniciosos efectos sobre la sociedad y la economía, para añadir una más a la larga lista de excusas.

Aún es tiempo de renovar esta cartera, pero es necesaria la voluntad política de denunciar las prácticas lesivas de contratación —incluyendo las plazas que fueron renovadas por el anterior gobierno a última hora—, señalar anomalías de titulares previos y emprender el reordenamiento de todos programas con una visión de Estado y con vinculación directa a los Objetivos de desarrollo 2030, ajena a cualquier ulterior fin electorero.