EDITORIAL
Momentum con EE. UU. se debe acrisolar
La estrategia y fondos acordados por más de US$1 mil millones para la región tienen una visión de mediano plazo.
En diciembre del 2019, durante los últimos días del mandato de Jimmy Morales y ya con sucesor electo, el mandatario se reunió con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anunciar acciones y acuerdos que frenaran la migración. Aquel encuentro ocurrió en medio de la avalancha de críticas en Guatemala por el plan de tercer país seguro, firmado en septiembre de ese año por su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, como medida para contrarrestar la movilización al norte y convertir el país en zona de espera de peticiones de asilo. Morales no mencionó la solicitud de un TPS para los guatemaltecos dentro de los temas tratados, aunque en el 2018 lo anunció por medio de su canciller, Sandra Jovel.
En junio del 2022, la Cumbre de las Américas sobre migración, convocada por Joe Biden, pudo ser el espacio para que el expresidente Alejandro Giammattei planteara el estatus de protección temporal (TPS), pero en medio de la controversia por la designación de la fiscal general, Consuelo Porras, en la lista negra del Departamento de Estado, Giammattei envió al canciller en su lugar. No hubo resultado y se desconoce si la asistencia del gobernante habría contribuido. A pocos días de dejar la presidencia, él también fue incluido por el Departamento de Estado en su índice de señalados por corrupción.
Ayer, el presidente Bernardo Arévalo se reunió de forma sorpresiva con su homólogo estadounidense en la Sala Oval de la Casa Blanca y abordaron el tema migratorio algunos minutos. La cita más larga fue con la vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de impulsar la agenda de inversión y desarrollo lanzada en el 2021, en cooperación con firmas privadas para contener el éxodo guatemalteco. El apoyo de EE. UU. fue clave para la transición democrática este año. Sin embargo, el TPS no formó parte del diálogo con Harris, quizá por la coyuntura política preelectoral que vive EE. UU, parecida a la que se registraba en el 2019. No obstante, es necesario para el Estado guatemalteco aprovechar el momentum de las relaciones bilaterales para lanzarlo al tapete de una vez. No se sabe si en el próximo período continúe Biden o regrese Trump, para quien el tema también es una prioridad, aunque con diferente tono.
La estrategia y fondos acordados por más de US$1 mil millones para la región tienen una visión de mediano plazo que de seguro continuará, más allá de la decisión electoral de los estadounidenses. Los fondos para el refuerzo a las instituciones de seguridad y justicia, la creación de programas de voluntariado, la capacitación y empleo para 2 mil 800 jóvenes centroamericanos, así como el interés por promover la construcción de infraestructura productiva figuran dentro del plan.
No escapan al radar estadounidense las porosidades e ineficiencias en portuarias, que operan bajo discrecionalidades muy riesgosas para la seguridad nacional de la potencia, por lo cual dentro del plan se contempla asesoría para crear la Autoridad Portuaria Nacional. También existe la intención de trazar un acuerdo para el comercio seguro de textiles y prendas de vestir, así como para fomentar otras inversiones. Empresas guatemaltecas y estadounidenses son protagonistas de esta visión desde el 2021, ya que la posición geoestratégica de Guatemala le convierte en socio ideal neashoring. En el área social se busca el empoderamiento productivo de mujeres, un sector que puede ser clave para reducir la migración, tema que la campaña electoral torna visceral, pero que solo se puede resolver atajando causas. En ese mismo sentido, asegurar la estadía de connacionales con un TPS sería un pilar estratégico.
ESCRITO POR:
