Quede claro que el cumplimiento de las normas tributarias constituye una obligación constitucional de toda la ciudadanía, para el sostenimiento del Estado, lo cual hace posible el funcionamiento del aparato público y la prestación de servicios esenciales. Pero es aquí donde se abre una brecha en la moral tributaria, a causa de las deficiencias en salud, educación, seguridad, acceso a la justicia y otras funciones encomendadas a dependencias ministeriales, secretarías, municipalidades y entidades descentralizadas.

Las autoridades tributarias enfrentan el constante reto de mejorar la recaudación, pero ese objetivo se ve socavado debido al impacto del contrabando, la defraudación aduanera y la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), cuya pérdida se calcula en Q80 mil millones en los últimos nueve años. La Superintendencia de Administración Tributaria ha desarrollado varias estrategias para mejorar la captación del tributo por ventas, como la digitalización de los servicios aduaneros o la reciente implementación obligatoria universal de la factura electrónica, que registra tiempo real sobre montos pagados por productos y servicios. A pesar de ello existen sectores que aún no emiten factura por ventas, desde comerciantes informales hasta taxis pirata, los cuales compiten de forma desleal con empresas que sí tributan.

En todo caso, la brecha resultante de la diferencia entre recaudación fiscal y gasto programado termina cayendo siempre sobre los hombros de todos los guatemaltecos, incluyendo a quienes aún no han nacido, debido a préstamos adquiridos año tras año por el Congreso para financiar presupuestos.

Los gobiernos, incluyendo el de Alejandro Giammattei Falla, aducen la insuficiencia de recursos disponibles para efectuar las mejoras necesarias en infraestructura vial, educativa, hospitalaria y de seguridad. Sin embargo, prevalecen dispendios y desperdicios de recursos. Se pueden citar como ejemplos recientes la firma del oscuro, secreto y desventajoso pacto colectivo con el cuestionado dirigente magisterial Joviel Acevedo, la asignación discrecional de Q3 mil 100 millones otorgada por el Congreso al Ministerio de Comunicaciones, los cuales, de manera paradójica, no se pueden utilizar para recientes emergencias viales; o, para no ir tan lejos, compras de café para el Legislativo al exorbitante costo de Q290 la libra.

La vía más efectiva para obtener una mejora consistente y progresiva en la recaudación fiscal es el uso correcto del erario. Sin embargo, el Estado mantiene un alto nivel de gastos en funcionamiento y solo una pequeña proporción se invierte. En otras palabras, la moral tributaria solo se eleva e incentiva a través de una probada ejecución ética de los recursos disponibles y de la implementación de mecanismos inteligentes de recaudación, con la correspondiente agilización de pago de créditos fiscales o deducciones aplicables.

El comerciante, el exportador, el prestador de servicios requieren de infraestructura adecuada para poder producir, cobrar y pagar impuestos. Pero si las carreteras se encuentran en el vergonzoso estado actual, si existen policías que exaccionan en carreteras solitarias, si al acudir a un hospital público no hay insumos o si los diputados, en lugar de legislación de altura, solo producen plazas clientelares, es obvio que se necesita un giro estratégico inmediato: terminar con las asignaciones amañadas de obras, castigar a todo funcionario o negociador de favores que lucre a costa de la población, porque no solo son un pozo sin fondo para los recursos públicos, sino además destruyen el fundamento ético del acto de tributar para el bien común.