Sin poner en tela de duda la necesaria presunción de inocencia pero también sin caer en el extremo negacionista de ciertos leguleyos que buscan demeritar los indicios de conexiones, la jornada del 26 de febrero de 2021 resulta inusitada, debido a las órdenes de captura del rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, y su antecesor Estuardo Gálvez, por sus presuntas conexiones con el empresario y operador político Gustavo Alejos, justo en el contexto del proceso de elección de dos magistrados, titular y suplente, para la Corte de Constitucionalidad, designados por esa casa de estudios superiores.

Ayer se desarrollaba también la elección de magistrados constitucionales por voto del Colegio de Abogados y Notarios, en la cual Gálvez figuraba como candidato. Un expresidente del Cang que también buscaba la nominación y la esposa de un candidato a magistrado suplente fueron detenidos ayer, en una coincidencia temporal que para unos despierta suspicacias y para otros es simplemente la consecuencia del destape de tráfico de influencias que tuvo lugar hace prácticamente un año.

El 18 de febrero de 2020 trascendieron las reuniones furtivas e ilegales sostenidas por el empresario Gustavo Alejos, quien se encontraba bajo arresto pero recluido en un sanatorio de la zona 2 capitalina. Allí recibía llamadas, intercambiaba mensajes y se entrevistaba con abogados, operadores políticos, diputados, comisionados de postulación e incluso candidatos a magistraturas, quienes todavía figuran en las listas sobre las cuales el Congreso de la República comienza a elegir a titulares de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia: todo un insulto a la inteligencia y a la confianza de la ciudadanía.

El caso denominado Comisiones Paralelas busca deducir responsabilidades penales de todas las personas vinculadas con negociaciones ilícitas y tráfico de favores a fin de injerir en la configuración de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. No se trata de una situación nueva, pero sí de una anomalía que debe ser atajada para evitar que ocurra de nuevo el contubernio politiquero del 2014.

La Usac pospuso una semana la discusión y votación; el Cang votó y habrá una segunda vuelta, pero lamentablemente la mayoría de agremiados no toman en serio su responsabilidad. Se esperaba más participación, sobre todo entre los profesionales jóvenes, pero dominó el abstencionismo, otra vez. Algo similar ocurrió en enero, cuando se votó para elegir sustituto, por cuatro meses, para la plaza del fallecido magistrado Bonerge Mejía, en la CC. Competían entonces el exrector Gálvez y el hoy exjuez Mynor Moto, quien no llegó a tomar posesión del cargo y está prófugo, debido a que buscó asumir ilegalmente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas, a petición del abogado y exintegrante de una postuladora Dennis Herrera, también prófugo y quien fue fotografiado cuando visitaba a Alejos en el hospital.

Guatemala necesita una nueva talla de abogados, defensores de los derechos pero también cumplidores de las obligaciones legales y éticas. Guatemala precisa de magistrados imparciales, con impecable récord profesional y académico. Ningún conflicto de interés se puede ni se debe tolerar, como tampoco se pueden ignorar las fotografías y videos que exhiben confabulaciones aviesas que Alejos y allegados creyeron que permanecerían ocultas. Muy bien lo dijo el maestro de Galilea: “Nada hay oculto que no llegue a saberse”.