El Ministerio Público (MP) es, por diseño constitucional, una institución autónoma, encargada de la investigación y persecución penal de delitos. La entidad se creó para evitar distorsiones o supeditaciones. De hecho, dentro de sus funciones se detalla el combate a los delitos de acción pública y preservar el estado de Derecho, lo cual implica el respeto a las garantías fundamentales. Y es por esta función que quien asume como fiscal general y jefe del MP está obligado a cumplirle a la ciudadanía de manera concreta y tangible.

La criminalidad continúa rampante en varias zonas de la capital y en el interior del país. Su combate no solo se trata de una cuestión de patrullajes, sino de detenciones acompañadas de acusaciones sólidas. Los habitantes de numerosas colonias deben resignarse a vivir bajo el asedio de delincuentes debido a que no se logra reunir pruebas suficientes para encerrarlos: una tarea pendiente del MP. En este año van 230 femicidios registrados, pero no se ven 230 procesos en contra de victimarios; ni siquiera la mitad, lo cual también demanda un cambio de estrategia para mejorar la reducción de la verdadera mora. Los desafíos continúan pendientes en el combate a la criminalidad. Es necesario emprender una coherente estrategia contra este y otros flagelos que golpean a la población productiva que financia con sus impuestos a todo el Estado.

No basta con exhibir reducción de la mora de casos mediante la desestimación de los mismos. Son los resultados judiciales condenatorios los que hablan. En todo caso, el presidente Alejandro Giammattei Falla reeligió a María Consuelo Porras Argueta al frente de la Fiscalía General tal como se venía rumorando desde su inclusión en la nómina de seis, debido a un fallo de la Corte de Constitucionalidad que tácitamente lo ordenó.

En realidad, la independencia del MP quedó en entredicho desde el 9 de julio del 2020, cuando el propio Giammattei, durante un discurso en línea, lo denominó como “dependencia”, lo cual no es, por su carácter autónomo. Pero hay algo más que marca una diferencia básica respecto del primer nombramiento de Porras, en el 2018, y es que el actual mandatario declaró públicamente que Porras es su amiga. En la alocución mencionada, disponible en internet, es posible escuchar el instante en que declara la “voluntad de seguir trabajando de la mano con la amiga, con la doctora Consuelo Porras”. Cabe cuestionar si esta armoniosa amistad constituye un conflicto de interés para la gestión que asume por los próximos cuatro años.

La algarabía y felicitaciones recibidas en el Palacio Nacional de la Cultura, en compañía de las presidentas de los otros dos poderes del Estado, pueden ser la euforia de un momento, pero allí mismo en esa ceremonia estaba presente un ministro señalado por un caso de fraude, contra quien se solicitó su desafuero: ¿existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia permita la investigación a la Fiscalía, a pesar de que involucra a un integrante del gabinete?

Así como hubo alegría en el oficialismo, surgieron expresiones de rechazo y cuestionamientos a la designación. El beneficio de la duda del 2018 ya no existe, excepto la del posible choque de fidelidades, que solo se desvanecerá con acciones efectivas en la reducción de delitos, tanto violentos como los de cuello blanco, sobre todo en el aparato estatal: corrupción, malversación de fondos, lavado de activos ilícitos, aceptación de fondos de grupos del narco, amaño en licitaciones de obras y otras prácticas que pululan en la atmósfera preelectoral.