“Hace mucho tiempo que usted habla de libertades y con sus hechos falta Usted a la verdad. Nos engaña, nos tiene sujetos a su voluntad creyéndonos esclavos, olvidando que somos ciudadanos tan guatemaltecos como Ud. y con tanto derecho a la vida como cualquiera de los esbirros suyos que mantiene impunes” es un fragmento de la carta dirigida por una asociación obrera al dictador Manuel Estrada Cabrera, publicada en un periódico el 21 de marzo de 1920, tres semanas antes de su declaratoria de incapacidad para ejercer el cargo y su separación del mismo: una muestra del poder de la libertad de expresión que irritó al gobernante.

No fue ni el primero ni el último gobierno intolerante a la crítica o a la documentación de incumplimientos, desmanes o incoherencias de discurso y acción por parte de funcionarios y mandatarios, pero el caso de Estrada Cabrera resulta significativo por su aparente poder omnímodo. Días antes de aquella carta, el 11 de marzo de 1920, había ordenado reprimir la manifestación ciudadana que exigía libertades, aunque luego culpó a otros de la balacera contra la protesta, pero aquel acto para mostrar poder exhibía claramente su miedo.

Aquel 1920 fue liberado el periodista Federico Hernández de León, quien había estado encarcelado en la Penitenciaría Central por sus críticas contra el Señor Presidente. Publicó una pieza elocuente en la que pedía “Váyase, don Manuel, váyase… El pueblo ha sufrido con paciencia de Job su desatentado gobierno, pero toda paciencia tiene su fin… ¡Váyase, don Manuel, váyase! Deje en paz este pueblo que tanto ha sufrido por su culpa”, y prosigue con una enumeración de los abusos que condujeron al fin de aquel despotismo. Por eso los gobiernos intolerantes buscan segar la libertad de expresión y de prensa.

La atribulada Nicaragua es la muestra más cercana de los extremos a los cuales puede llegar un sátrapa desbocado, alentado solo por una rosca de aduladores. El triste caso de Venezuela no queda lejos de esta tragedia civil en la cual la ciudadanía es despojada de la capacidad de preguntar, cuestionar y exigir. Medios periodísticos independientes han sido cerrados o ahogados económicamente. Cuando esta táctica no funciona se recurre al encarcelamiento o a los atentados en dichas latitudes.

Con frecuencia suele creerse que el derecho a la Libre Expresión está destinado a los periodistas, cuando en realidad se trata de una garantía para todos los ciudadanos. Lo mismo cabe decir del derecho al acceso a la información pública sin cortapisas ni limitaciones. Cierto es que los periodistas dedican su servicio a inquirir sobre los manejos del erario, las adjudicaciones de contratos, las decisiones u omisiones gubernamentales que impactan a la misma comunidad. A la vez, la ciudadanía es libre de elegir dónde quiere informarse, cotejar información y refrendar su confianza a través de su preferencia. Cualquier otro tipo de presión, asfixia o estratagema para acallar voces incómodas es censura tiránica y se pueden ver sus resultados en los dos países mencionados.

A menos de un año para los próximos comicios presidenciales y a un año, cinco meses y 13 días del final del gobierno de Giammattei Falla, es necesario subrayar la preocupación por las 313 denuncias de ataques, censura y campañas de desprestigio contra periodistas en el país desde 2020, según informe de la APG. En 2019, la actual fiscal lanzó una Fiscalía de Delitos para Periodistas, que decía entonces tener 270 investigaciones en curso. Los resultados tangibles son pocos. Ahora hay 313 casos más, lograr justicia en ellos sería una prueba de interés por la defensa de la garantía de libre expresión.