Editorial
Narcodiputado exhibe infiltración del Estado
Este caso refleja la infiltración del crimen organizado en la actividad partidaria.
El ahora exdiputado Armando Ubico, quien ocupó una curul durante dos períodos (2016 a 2023) y presidió durante siete años la comisión de Defensa del Congreso, se declaró culpable de conspiración para el tráfico de drogas el 1 de mayo recién pasado, ante una jueza de Texas, Estados Unidos. Ubico había sido requerido en extradición desde el 2 de febrero de 2023 y prácticamente desde aquel momento desapareció del hemiciclo. Fue postulado por el partido Todos, que nunca tuvo ningún remilgo en admitirlo entre sus filas, al menos hasta que la situación se hizo insostenible y tuvo que renegar de él.
Armando Ubico ya tenía sobre sí una previa admisión de cargos de narcotráfico en 2003, también ante una corte de Texas. Por dicho delito cumplió sentencia de 46 meses. La pregunta, ante su reincidencia, es ¿por qué se aceptó su inscripción pese a sus antecedentes? Durante los años que estuvo en el Legislativo fue aliado de sendos oficialismos. En el proceso electoral 2023 intentó buscar un tercer término como diputado distrital por Sacatepéquez, esta vez con el partido denominado Nosotros, pero el Registro de Ciudadanos rechazó su candidatura debido a que ya existía el otro pedido de extradición.
La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en junio y él trató de frenar la extradición mediante un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Pero ya no se presentó al Congreso, aunque cobraba su sueldo mediante la presentación de excusas. No se sabe de mayores esfuerzos del Ministerio Público o del Ministerio de Gobernación para localizarlo y capturarlo al quedar sin antejuicio. No se supo más de él hasta el miércoles recién pasado. Al parecer llegó a EE. UU. esta semana, fue arrestado y conducido al tribunal, donde confesó.
Pero el enorme problema de fondo es lo que su aceptación confirma. Admitió su rol en la conspiración para el narcotráfico incluyendo la entrega de sobornos a un funcionario guatemalteco para proteger el tránsito de cientos de kilos de cocaína a través de Guatemala. Es gravísimo. Por ello urge conocer la identidad de ese funcionario corrupto, muy probablemente del Ejecutivo, así como también la de otros involucrados.
Este caso refleja la infiltración del crimen organizado en la actividad partidaria con la finalidad de colocarse en estamentos del Estado para pervertir sus funciones. Ubico tuvo acceso a información privilegiada a través de su cargo y se deben investigar de oficio todos sus posibles nexos. Claro, esto no se logrará anunciando a los cuatro vientos que se requirió información a tal o cual dependencia. Desgraciadamente no es el primer caso y cabe recordar la declaratoria de culpabilidad por narcotráfico del excandidato presidencial y fundador del extinto partido UCN, Mario Estrada, actualmente preso en Estados Unidos. La UCN fue aliado de sendas bancadas oficialistas, con lo cual tuvo acceso a datos privilegiados del Estado. Así también es confeso y exconvicto el expresidenciable Manuel Baldizón, quien cumplió sentencia y fue deportado.
Ubico afronta una pena mínima de 10 años, pero podría ser incluso cadena perpetua, por ser reincidente. Quizá ello depende de la información que pueda compartir sobre quiénes habrían sido cómplices del trasiego de drogas aprovechándose de sus potestades como funcionarios o qué dirigentes u organizaciones políticas han sido beneficiarios de narcofinanciamiento. El caso Ubico es ahora el argumento más fuerte por el cual las reformas a la Ley Electoral deben endurecer controles sobre las cuentas partidarias y no hacerlos laxos como pretenden ciertos diputados.
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