La escena fue dantesca y lamentable. Recordó recurrentes y cruentos enfrentamientos en estados mexicanos como Baja California o Tamaulipas. Pero era Guatemala: en el kilómetro 153 de la ruta al Atlántico, a la altura de Gualán, Zacapa, se produjo un enfrentamiento entre dos bandas delictivas, en un aparente atentado ligado con el trasiego de drogas, todo un despliegue de armamento de asalto de uso militar, lo cual conduce a varias preguntas que deberían tener a las autoridades de Gobernación en plena labor para responderlas y para actuar en consecuencia, de acuerdo con sus obligaciones constitucionales:

¿Cuál es el verdadero poder de fuego de estos grupos delictivos? ¿Por qué pudieron actuar con tanta impunidad durante esta cruenta balacera por tanto tiempo? ¿Por qué aparecieron tan tardíamente las fuerzas policiales, sin lograr una sola captura de los involucrados? ¿Quién es el comisario responsable de esta región y cuáles fueron los procedimientos que se siguieron en este suceso? ¿Qué investigaciones se están efectuando para identificar y detener a los individuos que protagonizaron este grave incidente? ¿Qué está haciendo el Departamento de Control de Armas y Municiones (Digecam) para controlar la proliferación de este tipo de armamento? ¿De dónde proviene este arsenal? ¿Tiene alguna relación lo ocurrido con la desaparición de 22 fusiles del Ejército de Guatemala denunciada por diputados en el Congreso?
La preguntas pueden extenderse más allá de este suceso y sus respuestas pueden llegar a tener implicaciones de seguridad civil, de responsabilidad penal y también costos políticos, sobre todo a la luz de la amplia permeabilidad exhibida por partidos y comités cívicos a la llegada de dinero ilícito.

¿Qué regiones del país se encuentran marcadas con rojo, en los planes policiales, como núcleos de actividad de trasiego de drogas, armas y personas? ¿Qué acciones serias se emprenden no solo para capturar a sospechosos, sino para salirles al paso al lavado de dinero? ¿Existen investigaciones en contra de agentes, oficiales o funcionarios sospechosos de colusión con grupos criminales?

Si tan solo se respondieran dos o tres de estas preguntas con claridad, integridad y medidas sistemáticas se podrían tener indicios para las demás y detener las acciones de grupos que en apariencia ganan fuerza en varias regiones del país, sobre todo en aquellas donde la presencia del Estado es endeble o simplemente inexistente: el litoral sur, los pasos ciegos fronterizos, el norte de Petén y la Franja Transversal del Norte, áreas señaladas por varios informes de agencias estadounidenses de ser verdaderos corredores sin ley ni institucionalidad.

En estos feudos son grupos criminales los que azuzan invasiones e incluso agresiones contra empresas que llegan a establecerse, precisamente porque les conviene la precariedad y el rezago en el desarrollo, a fin te continuar atiborrándose de jóvenes desesperados, sin oportunidades ni perspectivas, que les sirven de carne de cañón. La corrupción es una herramienta usual de estos grupos para servirse de entidades locales o nacionales en la búsqueda de impunidad e incluso protección. Solo una labor conjunta y eficiente de la Intendencia de Verificación Especial, la Secretaría de Análisis Estratégico, el Consejo Nacional de Seguridad, el Ministerio Público y la cooperación de agencias internacionales de combate del delito permitirá actuar contra estas bandas. Pero allí surge una última pregunta: ¿Están dispuestas las actuales autoridades a cumplir con su deber constitucional?