Todo presidente electo asume un compromiso libre y voluntario con la ciudadanía del cual no puede desdecirse después mediante excusas, endoso de culpas o justificándose en imprevistos. Tampoco es posible erigir una administración seria si no hay una sistematización institucional de tareas y responsabilidades. Es el viejo dilema del liderazgo según el cual no se necesita de un capataz sino de una persona que inspire confianza, impulse procesos y provea el ejemplo de conducta en una organización.

Al cumplirse el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei, la referencia natural para cotejar logros y fallas son los discursos de campaña y de toma de posesión. El compromiso de combate de la desnutrición fue uno de los más vehementes, pero en la práctica dichos programas se encuentran rezagados. Una paradoja similar es el ofrecimiento de erradicar la corrupción, que contrasta con señalamientos sobre adjudicaciones, manejo deficiente de recursos y existencia de plazas inútiles, que no han llegado todavía a una instancia penal o a una depuración del Ejecutivo.

Hay aciertos específicos que se pueden identificar como la asignación puntual de la refacción escolar, la continuación de esfuerzos en favor de la competitividad comercial, el seguimiento a la instalación de equipos de inspección no invasiva en puertos y, hasta cierto punto, la provisión de insumos a los hospitales nacionales y a los temporales creados para atender a pacientes de covid-19. El impacto de la pandemia es innegable. Se trata de un factor que alteró las previsiones no solo de Guatemala, sino de todo el mundo en los planos laboral, educativo, social, industrial e incluso cultural. El covid-19 puso al descubierto las grandes carencias del sistema de salud y obligó a agilizar ciertos procesos, lo cual no debería concluir con este desafío viral, sino por el contrario, debe ser el comienzo de una nueva era, centrada en la salud preventiva.

A principios de noviembre, las tormentas Eta e Iota causaron fuertes daños en ocho departamentos, del norte y el oriente del país. La atención a damnificados, a cargo de cuerpos de socorro, ejército, policía y Conred, fue inmediata. Hubo lenta reacción para el derrumbe de la aldea Quejá o la inundación de Campur, en Alta Verapaz. De hecho, una vez pasada la emergencia sigue la espera por los planes oficiales de reconstrucción, apoyo productivo y mitigación de riesgo. Fue otro imprevisto, sí, pero no un atenuante, porque el riesgo climático es una realidad desde hace 25 años.

Sin embargo, el factor que más daño causa a la administración son las desavenencias entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo. La creación no anunciada, operación ambigua y final abrupto del llamado Centro de Gobierno significó un desgaste innecesario: primero, porque sus funciones duplicaban las del vicemandatario; segundo, porque las acciones —descritas en su informe final con verbos en infinitivo como
coadyuvar, contribuir, facilitar, apoyar, promover o acompañar— eran ejecutadas por los ministerios, y una vez cerrado sus integrantes pasaron a otras plazas del Ejecutivo.

Es necesaria una reflexión crítica del mandatario para replantear los ofrecimientos de hace un año y centrarse en tres o cuatro que puedan ser medibles, realizables y orientados con una visión de Estado. No sabemos qué nuevos imprevistos trae el 2021, pero desde ya se puede declarar que no habrá excusas para más muertes por desnutrición ni para una mayor caída en índices de competitividad, ni para el alto número de escuelas sin reconstruir, a pesar de que hubo tiempo para hacerlo.