Los procedimientos maliciosos utilizados en el desmantelamiento de la cúpula y mandos medios de la Policía Nacional Civil entre los años 2018 y 2019 deben implicar, a la brevedad posible, denuncias legales en contra de las autoridades gubernamentales responsables de sabotear un promisorio proceso de reforma en el cual se había invertido dinero, tiempo y esfuerzos, pero que sobre todo ya estaba dando resultados en cuanto a la reducción de la criminalidad.

A causa de visiones extremistas, criterios de intolerancia, miopía estratégica y simple conveniencia sectaria fueron removidas decenas de oficiales que ya contaban no solo con una carrera destacada dentro de la institución, sino además estaban capacitados en la lucha contra mafias, pandillas y en diversas facetas delictivas por algunos departamentos de policía de ciudades de EE. UU., así como por el Buró Federal de Investigación, (FBI, en inglés).

Como marca indeleble, la historia nacional registra ya que este esfuerzo de profesionalización y transformación quedó truncado durante la gestión de Jimmy Morales, con el acompañamiento de su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en un período de controversia a causa del proceso de expulsión de la Cicig, lo que llevó, en primer término, a la salida del ministro Francisco Rivas.
Compadrazgo, zalamería y clientelismo fueron los ingredientes principales de lo que prácticamente parece un sabotaje a la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana. La expulsión de todos aquellos mandos se ejecutó con un argumento que rozaba con el sarcasmo y que, a la luz de las declaraciones del nuevo director, Ervin Mayén, cobra aires de conspiración.

Hace exactamente dos años, el 28 de febrero de 2018, el entonces ministro Degenhart anunciaba la remoción del director de la PNC, Nery Ramos, cuya gestión se consideraba exitosa y con resultados a la vista. Degenhart destacó el brillante papel de Ramos para luego argüir que era necesaria una “oxigenación” —ese fue el término— en la Policía. El entonces director adjunto, Mayén, también figuró entre los absurdos despidos que formaban parte de una agenda cuyos daños aún están por ser investigados y perseguidos penalmente.

A comienzos del 2019 hubo una nueva purga de oficiales cuya única falta fue no plegarse a directrices arbitrarias provenientes de la cúpula designada a dedo, la cual recibió varios beneficios por su comportamiento oficioso, y una de las más penosas muestras fue el despliegue de cientos de agentes en cordones de seguridad de varias cuadras a la redonda del Congreso o el Palacio Nacional de la Cultura en ocasiones en que las autoridades no deseaban ser molestadas por protestas. Mientras tanto se exhibían resultados de reducción a la criminalidad que no eran sino parte de la inercia de la administración anterior.

Devolver a la carrera policial su dignidad, recuperar las capacidades menoscabadas y enfrentar de manera más efectiva el fenómeno criminal en todo el país son tres de los retos a los que se enfrenta el nuevo director policial. Aunque ya fueron removidos los mandos impuestos por conveniencia, hará falta invertir tiempo en una reingeniería de procesos para asegurar la depuración, garantizar la funcionalidad y mejorar la cobertura de la institución. Porque mientras las autoridades anteriores se ufanaban de algunas cifras y detalles, la población seguía —y sigue— padeciendo el azote de asaltantes, sicarios, extorsionistas y tantos otros males delictivos.