Cada gobierno que pasa arranca con promesas, esperanzas y optimismos, pero en el camino se convierten en incumplimientos, decepción e irascibilidad. En los regímenes despóticos o aspirantes a serlo, la crítica ciudadana y periodística se vuelve piedra y espina en la bota de quienes intentan sojuzgar al país bajo sus discrecionales caprichos y conveniencias. La denuncia de anomalías, despilfarros, amaño de contratos, tráfico de influencias, favoritismos, desfalcos y ofrecimientos electorales incumplidos no constituyen en manera alguna un ataque político ni una diatriba ociosa: es un servicio a la ciudadanía, que tiene derecho a enterarse del manejo de sus recursos y el desempeño de sus empleados; es decir, los funcionarios electos.

Cada gobernante y cohorte de funcionarios busca el elogio e intenta pasar a la historia como un estadista, lo cual no logran porque sus resultados de gestión son magros, son onerosos y a menudo rodeados de opacidad a causa de limitaciones en la provisión de información pública. Eso sí, no les faltan corifeos devenidos en aduladores a sueldo. En tiempos del dictador Manuel Estrada Cabrera, cuando muchos intelectuales y críticos tuvieron que salir al exilio o ir a parar a la cárcel, había plumas que lo llamaban benemérito y adalid del progreso, a pesar de que vendió al país.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla se reportan decenas de intimidaciones, agresiones, ataques verbales y psicológicos contra comunicadores sociales. Existen denuncias interpuestas en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, pero muy pocas avanzan y la mayoría terminan desestimadas. Peor aún, en tiempos recientes el propio MP amenazó con investigar a ciudadanos que criticaron acciones antidemocráticas de ciertos fiscales en la red X.

El índice 2023 de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa recoge la abierta intolerancia de funcionarios guatemaltecos. De 22 países, Guatemala ocupa el lugar 19, solo por encima de auténticos cíclopes de la censura: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Durante el actual gobierno, el país ha caído desde 48 puntos en 2021 a solo 32 este año. Refleja la resistencia del Estado a brindar información pública, la utilización del sistema de justicia para intimidar y silenciar a periodistas, acciones hostiles de fuerzas de seguridad en contra de estos y amenazas contra el derecho de libre expresión.
Las agresiones se agudizaron en el período electoral y han continuado durante la cobertura de las protestas en contra del sabotaje antidemocrático. El Gobierno suele negar, minimizar o menospreciar estos sucesos, pero tal aversión a la crítica no es nueva, ni únicamente contra la prensa, sino contra la realidad misma. Pero, en todo caso, dichos negacionismos no hacen sino evidenciar afanes opresivos.

En junio de 2021 se suspendió la presentación del Informe de Desarrollo Humano del PNUD. Meses después trascendió que el Gobierno protestó por su contenido y se difundió una edición revisada. Igual trascendería la versión original. La semana recién pasada, el Gobierno pidió al Consejo de la OEA retrasar el informe sobre la crisis democrática, por desacuerdo con su contenido. Esa síntesis refiere la intentona de golpe a la democracia, por lo cual la OEA debe publicarlo completo y sin censura. No es un reporte de relaciones públicas, sino un registro histórico continental. La ciudadanía guatemalteca ya vive y padece lo que allí dirá. Pero es inteligente, perspicaz e informada: valora la garantía de Libre Emisión del Pensamiento plasmada en el pétreo artículo 35 constitucional, y la verdad siempre aflora.