Resulta llamativa la súbita apología de la posible vacunación prioritaria opcional a alcaldes formulada por la propia Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), justo después de que trascendiera la transgresión del jefe edil de Villa Canales al vacunarse sin estar oficialmente incluido en las listas de personal de primera línea y sin que haya comenzado la inmunización a médicos privados o a otros servidores públicos que están en contacto más directo con pacientes.

El tema fundamental no es el sanitario, sino la incapacidad de dicho alcalde de seguir lineamientos, normas o protocolos establecidos. El Ministerio de Salud Pública efectúa una investigación interna para saber cómo se produjo esta vacunación no programada, que no debe ser vista como un caso aislado, sino como un nefasto precedente de anteposición de criterios individuales. En esta circunstancia no aplican argumentos de autonomía o supuesto involucramiento de los jefes ediles en la conducción de clínicas municipales, sino las directrices epidemiológicas, pero sobre todo el principio de ética y legalidad en las acciones.

Si es tan urgente y prioritaria la inmunización de alcaldes, entonces lo debería ser para los integrantes de corporaciones o para el personal municipal que también está en contacto potencial con pacientes, lo cual evidencia que en el caso de Villa Canales primó un beneficio personal, el cual se trató de que pasara inadvertido, precisamente porque atenta contra el principio de igualdad y encuadra en un abuso de autoridad. La propuesta de la Anam de declarar “opcional” para alcaldes la posibilidad de vacunarse únicamente agravaría la ambigüedad y el descontrol que ha tenido el proceso.

Es este tipo de pifias las que más daño hacen a la credibilidad institucional y a la autoridad misma del Ministerio como ente rector de la campaña de vacunación. Pero son precisamente esas acciones arbitrarias las que se podrían evitar mediante el seguimiento estricto del registro administrativo digital de personas priorizadas para inmunización. Si alguien no figura en la nómina no se le vacuna, y punto, sin excusa de cargo, vínculos o afinidades.

El incidente del alcalde vacunado ilícitamente puede no ser el único, y Salud debe cotejar los listados a fin de que sean médicos, enfermeros, socorristas, laboratoristas y verdadero personal de primera línea quienes reciban las dosis. Son tiempos tecnológicos y cualquier tipo de transgresión podría registrarse en video, a fin de sentar precedentes públicos.

En este momento es inconveniente introducir excepciones legales súbitas, improvisadas o políticamente convenientes, pues la cantidad de dosis continúa siendo limitada. La misma población ha adoptado una actitud de cauta espera del momento en que llegue el turno de vacunación por grupos de riesgo. En todo caso, menos de una cuarta parte de las municipalidades instalaron clínicas de atención respiratoria en los momentos más críticos de la primera ola, lo cual dice mucho de sus prioridades.

Finalmente cabe reiterar el cuestionamiento hacia la tardanza gubernamental para gestionar la compra de vacunas. Hubo procesos de adquisición a finales del 2020 que quedaron inconclusos por fallas y silencios burocráticos. Es urgente y necesario implementar vías de acceso para acelerar la inmunización a sectores productivos vitales.