Dos casos recientes han puesto de relieve la necesidad de atender un problema viejo cuya atención a menudo queda relegada en medio de la vorágine de prioridades económicas, políticas, judiciales e incluso regionales. Este desafío queda sepultado debajo de otras agendas de alcance nacional y sin embargo se trata de un asunto de primera magnitud puesto que amenaza al propio futuro del país: la documentación en video de salvajes agresiones verbales, físicas y psicológicas en contra de niños, por parte de sus progenitoras, desató conmoción y repudio generalizado. La detención de sendas madres agresoras registradas esta semana contribuyen, de alguna manera, a calmar la indignación colectiva. Sin embargo, es improbable que el simple encarcelamiento sea una solución duradera.

Desgraciadamente, la violencia imperante en el país tiende a convertirse en un círculo vicioso que a su vez genera nuevas formas de iracundia. Las dificultades y las tensiones económicas y también el maltrato a mujeres por parte de cónyuges termina a veces con una explosión descontrolada sobre infantes indefensos que terminan siendo mártires anónimos. Al repetirse estos ataques, ellos se ven en grave riesgo de repetir el ciclo en una etapa de adolescencia o adultez si no reciben a tiempo un rescate y atención psicológica adecuada.

Por otra parte, es francamente desalentadora la alternativa de que los niños reciban albergue en instituciones del Estado, pues de sobra es conocida la poca eficiencia de estos centros que en no pocas ocasiones se han convertido en verdaderas escuelas de la maldad y el delito en lugar de constituir nuevas oportunidades para reinventar vidas golpeadas.

Por otro lado, en un organismo estatal tan sobrecargado como el Judicial es muy difícil que los padres agresores reciban la oportunidad de reducarse y redimirse mediante procesos de rehabilitación emocional. En todo caso sería recomendable que, al menos para el caso de infractores primerizos, pudiera existir un criterio de oportunidad a cambio del compromiso de reforma actitudinal con el apoyo de instituciones educativas, iglesias, fundaciones dedicadas a la familia y la niñez. Más allá de moralismos o poses políticas, es este el auténtico rescate que debería emprenderse en relación a la célula básica de la sociedad.

Es inexcusable que un padre o madre descargue su cólera, su frustración o sus problemas a través de puñetazos, insultos y vejámenes en contra de sus hijos, quienes no solo no alcanzan a dimensionar las causas de la agresión sino que terminan hundidos en espirales de culpa, depresión y odio. Se han dado casos deleznables en los cuales los menores han fallecido a causa de brutales golpizas o bien sufren lamentables secuelas físicas.

Los dos casos de marras trascendieron casi de manera fortuita y se viralizaron en poco tiempo, lo cual permitió la intervención de las autoridades. Sin embargo, son apenas una ínfima muestra del gigantesco problema que subyace detrás de las puertas de muchos hogares. Es por ello que rechazar y frenar todo tipo de violencia doméstica debe ser un objetivo primario de toda entidad que se declare defensora de la familia. Si no aborda este tema, su misión es incompleta puesto que los niños están siendo lastimados precisamente en el lugar donde más seguros deberían encontrarse, lo cual deja una puerta abierta al tenebroso mundo de las drogas, las pandillas, la migración de menores solos y la trata de personas.