A casi nueve meses del final de su mandato —que se adelantó 60 días por una reforma electoral a favor de una transición más corta tras las elecciones—, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condiciona a su homólogo estadounidense Joe Biden. Para regular de manera más estricta el paso de migrantes indocumentados, le dice al demócrata que entable un “diálogo” con Cuba para propiciar una disminución de restricciones económicas, como lo hizo con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El objetivo sería reducir las cifras de disidentes que abandonan la isla a causa de la crisis generada por el prolongado embargo.

Biden se encuentra ante la presión de la crisis fronteriza, por el ingreso de hasta 10 mil migrantes irregulares diarios, situación que gobernadores, congresistas, senadores y presidenciables republicanos utilizan como ariete para señalar de ineficaz su política migratoria. No obstante, ellos mismos también forman parte del laberinto en el que se ha sumido la discusión legislativa de una reforma en esta área, con la diferencia de que ahora los republicanos quieren volver a la Casa Blanca, con o sin Donald Trump, quien basó buena parte de su campaña del 2015 en este polémico tema, con un tono a todas luces racista, que aún mantiene y algunos emulan.

Se supone que Guatemala, El Salvador y Honduras forman parte de planes de desarrollo económico para la generación de empleo que reduzcan el éxodo hacia el norte. En efecto, las cifras de migrantes de estas nacionalidades se han reducido, mientras subieron las de venezolanos, haitianos y cubanos. Cerrar las fronteras como lo intentó Trump no es una solución sostenible, porque impacta a México, su principal socio comercial.

Además, es una verdad demostrada que Estados Unidos depende de la mano de obra migrante, dedicada, comprometida y con necesidad de salir adelante, no “barata”, como dijo con pésimo humor y ninguna empatía un mandatario insensato. A su vez, la migración constituye un flujo económico que ayuda a sostener las economías locales del Triángulo Norte. En el caso guatemalteco, representa una quinta parte del PIB, pero aunque lleva dos décadas de crecimiento sostenido, el envío de remesas tampoco es un factor que pueda extenderse de forma indefinida.

En todo caso, constituyen un acierto los programas de visas laborales temporales, sobre todo en el sector agrícola, que permiten a los países beneficiarios generar plazas que proveen de mejor sustento a las familias, sin romperlas. López Obrador quiere mostrar resultados ahora para que EE. UU. avale la continuidad de su partido, que ha tenido graves fallos y enfrenta a una oposición reconstituida. Las regulaciones migratorias en México tienen un punto débil: la corrupción que permea en ciertos estamentos policiales, asediados a su vez por bandas del crimen organizado que lucran con drogas y trata de personas. Y si no, basta mencionar el siniestro ocurrido en marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el cual murieron 39 migrantes, 28 de ellos guatemaltecos.

Biden busca tener logros que mostrar al electorado, en una campaña que tendrá como focos la economía y el empleo, el combate a la drogadicción, las matanzas y la polémica por el descontrol de armas y, por supuesto, la migración. En este marco, el gobierno de Guatemala entrante debe aprovechar las oportunidades que el actual dejó ir por defender lo indefendible, pero quizá solo se pueda hablar de planes a partir del 2025, con el nuevo cuatrienio.