Es sintomático que a estas alturas, a pocos días de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, al menos once diputados que tuvieron alguna comunicación o incluso visitaron en el sanatorio-oficina-prisión preventiva al operador político Gustavo Alejos Cámbara no hayan tenido el valor civil de anunciar que se abstienen de votar en tal proceso. La causa es clara: ven tales nombramientos como botín de influencia, moneda de cambio, una apuesta de impunidad. Sus nombres, fotos, visitas, mensajes o números de teléfono figuran, junto con los de varios aspirantes a magistraturas, en el informe presentado por el Ministerio Público al Congreso de la República por orden de la Corte de Constitucionalidad, precisamente para depurar dicho proceso.

Es obvio que varios legisladores tienen un conflicto de interés, o más bien un decidido interés por designar a ciertos allegados, incluso familiares, en magistraturas a fin de proseguir con el dañoso tráfico de favores del cual hay tantos ejemplos en el último lustro, no solo de resoluciones sospechosas, sino también de destituciones de togados. En 2014, los partidos Patriota y Líder se creyeron omnipotentes y totalmente impunes para urdir un contubernio en la elección de Cortes. Hoy no existen más a causa de sus despropósitos, por los cuales el anterior Tribunal Supremo Electoral tuvo la entereza de suprimirlos, a diferencia del actual, que tras su expedita designación parece dedicado a condonar procesos y entrampar sanciones.

En el actual Congreso hay émulos, con distinto partido pero similares conductas. Ninguna cosa buena se puede esperar de negociaciones a escondidas como las que han sostenido a puerta cerrada ciertos grupos de diputados, pero todo se sabe.

Es evidente que la alianza oficialista quiere mantener los apoyos pactados en febrero hacia determinados aspirantes, pero hay tres inconvenientes que hacen peligrosa, aventurada y posiblemente contraproducente tal maniobra: primero, el desgaste del Legislativo en apenas un semestre debido a la falta de liderazgo; segundo, el informe presentado por la Fiscalía en relación a las comisiones paralelas y operadores políticos; tercero, la designación de Gustavo Alejos en la lista negra de Estados Unidos, así como el retiro de visas a determinados actores políticos.

El presidente Alejandro Giammattei, si no quiere pasar como otro presidente más, bien podría hacer el llamado a los diputados de su bancada a elegir a los mejores magistrados, libres de señalamientos y nexos dudosos. Debido a que el tema de la elección parece ser opacado por la preocupación del covid-19 se necesita que la exigencia de idoneidad sea expresada por todos: sector privado, cooperativas, académicos, secretarios de partidos, centros de investigación, universitarios y los propios ciudadanos, que deben identificar al diputado de su distrito, llamarlo a su oficina o celular, enviarle correos o mensajes de texto claros y respetuosos diciéndole: diputado, estoy vigilando su decisión.

Integrantes de Vamos y de la Unión del Cambio Nacional esgrimieron recientemente excusas para intentar evadir el voto de viva voz en el hemiciclo. Arguyen que será un proceso engorroso, que alargará la elección y puede que sea así. Ese es el punto: le da nombre, responsabilidad y consecuencia a cada voto: si no se creen capaces de dar la cara para este trascendental proceso, la solución es simple: inhibirse, sobre todo si su partido figura en casos judiciales, si hay sospechas de narcofinanciamiento o si fueron a reunirse con quien no debían.