Cualquier guatemalteco que tenga un empleo formal o informal tiene que pagarse con su dinero los tiempos de comida que ingiere a lo largo de la jornada laboral, ya sea que los lleve preparados desde su casa, que acuda a un restaurante, los solicite por teléfono o en línea hasta su lugar de trabajo, los consuma mientras desarrolla tareas de oficina o quizá mientras atiende un puesto de venta en calles y mercados de todo el país. Es una acción de subsistencia cotidiana que cada ciudadano de a pie solventa en la medida de sus posibilidades, a menudo condicionadas por el nivel de ingresos.

Es por ello que resulta una contradicción política el hecho de que los diputados gocen de frecuentes desayunos, almuerzos o cenas a cuenta de los contribuyentes, no como una excepción impuesta por jornadas extraordinarias, sino como una prebenda establecida en el Legislativo, en donde devengan un salario base más dietas por participación en comisiones y reuniones plenarias que suman por lo menos Q29 mil: un ingreso que supera en mucho el promedio general y que equivale a más de ocho veces el salario mínimo para la ciudad. En el caso de los directivos, la cifra aumenta, debido a otros ingresos establecidos por ley.
Sobre la actual legislatura pesa la expectativa de cambio respecto de congresos anteriores. Actualmente hay división entre bancadas a causa de la pertinencia de seguir sufragando con fondos públicos los gastos en alimentación de 160 congresistas, avalar todo consumo a cuenta de las cajas chicas de bancadas o de la directiva, mantener los viáticos para viajes innecesarios e incluso costear seguros médicos privados para los congresistas y sus familias, pese a que su labor supuestamente constituye un servicio.

Existen muchos aspectos del funcionamiento de toda institución estatal que se deben cubrir con fondos provenientes de los impuestos, pero cuando se incurre en exquisiteces que generan abultadas facturas por consumo de mariscos, ceviches, pasteles o cafés gurmé, en un país asediado por la crisis alimentaria, las carencias de mobiliario y equipo escolar, las precariedades hospitalarias o la escasez de fondos para apoyar a jóvenes talentos del arte, la ciencia y el deporte, ya se trata de una afrenta contra quienes pagan tales dispendios: los ciudadanos.
La austeridad es una actitud ética necesaria en tiempos críticos e incluso en bonanza; la frugalidad no haría menos digno al Legislativo, sino al contrario, lo colocaría en una posición de empatía que hace mucho olvidó. Reclamar la reducción de gastos innecesarios o que pueden ser cubiertos con el propio salario no es demagogia, sino sentido común. Un representante afirmó con sorna que con quitar los almuerzos del Congreso no se va a terminar con la desnutrición en el país, pero se trata de una falacia que revela el talante de quienes se aferran a beneficios desproporcionados. Si el Estado se ahorrara Q50 de almuerzo por diputado, sumarían, según la asistencia, entre Q4 mil y Q8 mil en cada plenaria, cifras que bien podrían equivaler a una computadora escolar, camas para hospitales, medicinas en puestos de salud y tantos otros usos.
Nadie está en contra de que los congresistas almuercen, refaccionen o cenen mientras trabajan en una comisión o en el hemiciclo, argumento con el cual algunos tratan de desviar la atención. Pero deben pagarlo de su bolsillo, como todos. Es una cuestión de principios éticos y no de reglamentos acomodaticios, de responsabilidad moral y no de discursos evasivos; de simple coherencia política y no de excusas divorciadas de la realidad.