La puesta en riesgo de infraestructura estratégica para la provisión de agua potable al área metropolitana constituye una acción deleznable. Plantas de captación y tratamiento fueron tomadas por presuntos grupos de manifestantes que exigen la renuncia de la fiscal general. Sin embargo, el impacto humano indiscriminado de la acción rebasa con creces la finalidad del reclamo inicial, ya que priva de un servicio vital a decenas de miles de personas y compromete el funcionamiento de varios hospitales.

No menos estratégica es la libre circulación de vehículos, personas y mercancías, incluyendo comestibles, materias primas, combustibles, materiales de construcción, aprovisionamientos hospitalarios, granos básicos, obreros, profesionales, estudiantes, etc. Los bloqueos en la provincia ocasionaron escasez e incluso desabasto de productos, lo cual a su vez detonó especulación de precios. Muchos mercados estaban cerrados por la participación de vendedores en apoyo a los 48 Cantones de Totonicapán y otras comunidades mayas.

Un fiasco se llevaron los representantes que participaron en el diálogo —con mediación de la Organización de Estados Americanos— con el presidente Giammattei Falla, quien simplemente les dijo que por ley no podía ordenar la destitución de Porras. Es verdad, aunque no la única posibilidad, si quisiera. Ante esta respuesta, los líderes indígenas anunciaron la continuidad del paro y bloqueos, con cierta flexibilidad para dejar pasar comestibles y combustibles. Pero el contexto del país ya no es el mismo de hace dos semanas. La tensión por ventas perdidas, salarios no devengados, pérdida de embarques de exportación y daño en los bolsillos de miles de hogares comienza a tornarse en un factor de desgaste al reclamo inicial.

Los bloqueos urbanos de esta semana, perpetrados por grupos variopintos, agravaron la demanda de una salida rápida a la crisis, cuyas pérdidas ya se cuentan en cientos de millones de quetzales. Ahora, el Ministerio Público anuncia una posible cita para hablar con los representantes indígenas. Cabe cuestionar por qué las autoridades no comenzaron con el diálogo en lugar de dejar que el país pagara tan alto costo en productividad. ¿Era una trampa de desgaste? La pasividad del presidente electo, Bernardo Arévalo, contraria a su actitud cuando alentaba a salir a defender la democracia, tampoco ayuda mucho a que prime la sensatez.

Las acciones del MP y del juez Fredy Orellana en contra del proceso electoral y del Tribunal Supremo Electoral originaron acciones legales que resultaron infructuosas. El secuestro de actas en la sede del TSE causó la indignación de sectores ciudadanos, que comenzaron a pedir la renuncia de la fiscal general. Los 48 Cantones convocaron a la protesta el 2 de octubre, pero los efectos colaterales les acarrean hoy un creciente desgaste, pese a las buenas intenciones. El fin no justifica los medios.

El mismo dicho se podría aplicar a la jefa del MP y subalternos, bajo cuya autoridad se han cometido actos inéditos, invocando denuncias anónimas y casos bajo reserva. Es decir, se mantiene la exigencia multisectorial de absoluto respeto a la soberana voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas. El proceso fue certificado por la Misión de Observación Electoral, en la cual participó la OEA, que ahora es garante del diálogo. Los manifestantes deben deponer totalmente los bloqueos y toda toma de infraestructura, por ilegal. No deberían radicalizarse ni permitir que criterios extremistas se apoderen de su revindicación. No se pueden defender garantías constitucionales mediante el atropello de otras.