El coronavirus ha dejado luto en miles de hogares, ha causado angustia en cientos de miles de guatemaltecos y ha puesto en relieve las graves carencias del sistema de Salud, así como el talante ético de la administración gubernamental frente a un desafío que se impone como una urgencia pero debajo del cual existen ingentes necesidades que, a pesar de su importancia, se han visto relegadas.

El mismo carácter virulento del covid-19 se convierte en un factor de riesgo generalizado, por lo cual las áreas hospitalarias que no tratan esa enfermedad deben redoblar cuidados para evitar el contagio. Sin embargo, para una persona que padece alguna enfermedad crónica u otro tipo de padecimiento que amerite cirugía para su alivio el covid-19 se ha convertido en un valladar adicional, pues los procedimientos electivos se han reprogramado de manera repetitiva y extendida. En otras palabras, la operación de una simple apendicitis, una histerectomía preventiva o la extirpación de algún pólipo intestinal puede llegar a retrasarse tanto que puede poner en peligro la vida misma del paciente.

Este drama se repite a diario en las consultas externas de los hospitales nacionales, pero también en el Seguro Social, y se agrava conforme aumenta la presa de casos pendientes, sin fecha definida para la esperada y necesaria intervención. El problema es que las terapias farmacológicas llegan a un punto límite y poco a poco la cirugía “electiva” se torna en emergencia. De hecho, esta modalidad es invocada por médicos, ya sea por buena voluntad de agilizar el caso o porque en verdad el cuadro clínico de un paciente ha llegado a un punto crítico. Aún así, la cifra de casos pendientes aumenta.

No solo impacta la latencia del covid-19 en los hospitales: parte de la limitación en las cirugías radica también en la falta de insumos y de personal para practicarlas. Por esa razón se hace urgente que el Ministerio de Salud y las autoridades del Seguro Social activen los protocolos que permitan evitar el agravamiento de los casos.

Además, no solo existe un impacto físico por los padecimientos, sino también un desgaste emocional en los pacientes que acuden a una nueva cita con la esperanza de que les fijen fecha para la cirugía y en lugar de eso reciben una postergación, a menudo indefinida, que causa tensión, depresión y desesperación. No faltarán voces que les sugieran acudir al sector médico privado y quizá esta sea una posibilidad para cierto segmento de la población, lo cual es afortunado. Sin embargo, sobre todo en la provincia, existe una enorme proporción de guatemaltecos que solo pueden cifrar sus esperanzas en los servicios públicos.

Fuera de toda la discusión por el contrato de vacunas y las deficiencias denunciadas sobre la atención a los pacientes en los hospitales específicos de covid-19, el Ejecutivo debe brindar una respuesta más clara y contundente a los cientos de guatemaltecos que merecen atención de calidad y que la necesitan ahora, no en seis meses, porque en ello les va la vida. Tal vez es mucho pedir, pero es necesaria una mayor empatía y caridad de las autoridades para con estos ciudadanos. Son padres o madres, preocupados por no poder seguir aportando el sustento al hogar. Muchos tienen hijos pequeños y la angustia de sobrevivir los agobia cada día. No hace falta empujar una ley de libertad de religión para exhibir verdadera creencia, la fe que no produce obras está muerta.