Editorial
Notorios patrones de sabotaje y dilación
El tiempo se sigue perdiendo y eso les conviene a algunos grupos y patrocinadores, mas no a Guatemala.
A pesar de la verborrea legaloide, la bravuconería y falacias de varios tipos, resulta evidente y público el afán dilatorio de cierto combo de integrantes de las postuladoras de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones. Primero vino la objeción de que no podían instalarse las comisiones debido a que no estaban completas, por la falta de dos decanos que no habían sido juramentados, uno porque se encontraba de viaje y otro por haber sido nombrado a última hora. Para comenzar con total legalidad se sacrificaron tres semanas de actividad. En este momento ya debería estar definida la tabla de gradación y abierta la convocatoria a los aspirantes.
Las primeras sesiones se han desperdiciado en una disputa sobre la sede de trabajo de las comisiones. El espacio actual es una amplia sala de la Universidad Rafael Landívar (URL), bien iluminada, con ventanas transparentes, facilidades de estacionamiento y alta conectividad. Varios postuladores se han empeñado en que el proceso regrese a la CSJ, supuestamente por ser un lugar emblemático, pues allí se juramenta a los abogados. Las votaciones no logran mayoría y para mañana está prevista una visita al Organismo Judicial (OJ) para evaluar el área.
Para rechazar la sede en la URL, el comisionado Armando Ajín, electo por el Colegio de Abogados y Notarios (Cang), cuestionó de dónde vienen los fondos de la universidad. “Queremos saber. Que no les incomode. Que digan qué intereses defienden”, dijo en tono desafiante. Con tales expresiones abarca a todos los decanos participantes, a sus facultades y universidades. Tendría que exigirse entonces el origen de recursos de todas las casas de estudios, incluyendo las vinculadas con diputados o políticos que impulsaron su creación precisamente para tener incidencia en este tipo de procesos.
Entonces también habría que preguntar de dónde salieron los fondos para varias de las jugosas campañas de las planillas en la elección del Cang, incluyendo la del propio Ajín. “Que no les incomode. Hay que saber qué intereses defienden”. Habría que cuestionar, además, los nexos políticos de ciertos postuladores, que incluso figuraron en candidaturas del pasado proceso electoral con muy pobres resultados. Pero sería la de nunca acabar, y quizá allí radique el punto en cuestión.
Quedan poco más de dos meses para la toma de posesión de las nuevas autoridades de CSJ y salas de Apelaciones sin que inicie la verdadera discusión toral. Por eso, tales posturas puntillosas e intransigentes, secundadas por otros representantes del Cang con claras afinidades planilleras, apuntan claramentte a un afán por retrasar el trabajo de convocatoria, recepción de expedientes y calificación. Se deben recordar los amparos que buscaban prolongar la estadía de la actual CSJ y magistrados de Apelaciones por cuatro años, en total contravención a principios constitucionales. Pero quizá quieren precipitar esa situación, con otro método. ¿Qué intereses defienden?
Cabe preguntar desde ya qué postura tomarán estos postuladores coligados cuando llegue el momento de evaluar la “reconocida honorabilidad”. Serán de aquellos que pidan sentencias o querrán excluir las tachas referentes a casos de corrupción, tráficos de influencias, vínculos políticos o nexos con el narcotráfico. El cuestionamiento de fondo a que el OJ sea sede es el temor de filtraciones y la videovigilancia bajo potestad oficial. El empecinamiento confirma la ojeriza. Nadie plantea una tercera opción, pero, en todo caso, el tiempo se sigue perdiendo y eso les conviene a algunos grupos y patrocinadores, mas no a Guatemala.
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