El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un estudio según el cual el impacto de la pandemia ha hecho retroceder hasta 13 años la lucha contra la pobreza en América Latina, debido, en gran medida, a la desaparición de empleos, la reducción de ingresos en los hogares, el impacto sobre empresas formales pequeñas y grandes, el efecto sobre la producción interna de los países y en las condiciones de acceso a educación y salud, un escenario regional preocupante. Según la Dirección de Inclusión Financiera de la entidad, las proyecciones de pobreza y extrema pobreza para el 2021 se asemejan a las del 2008, lo cual deben tomar en cuenta los gobiernos para establecer mapeos de las regiones más afectadas por precariedades, de las cuales sin duda una de las manifestaciones más dramáticas y lacerantes es la desnutrición infantil, aguda o crónica.

A lo anterior se suman las secuelas de los huracanes Eta e Iota como detonadores de pobreza, pues las pérdidas agrícolas, los enseres irrecuperables y los inmuebles dañados o destruidos representan un enorme costo de oportunidad para miles de familias centroamericanas que ya de por sí estaban condicionadas por limitaciones de educación, salud, infraestructura y acceso a oportunidades.

Para poder evaluar con certeza numérica el impacto real de las adversidades en el país es necesario que el Instituto Nacional de Estadística efectúe encuestas y estudios con precisión científica y divulgados con total apego a la realidad. Las mediciones de inflación, pobreza e ingresos deben ser una prioridad de cara a un 2021 desafiante que necesita parámetros confiables para poder trazar una visión y reacción coherentes de Estado.

En esa línea, es de esperar que en la primera semana de enero se tenga ya un plan serio de Estado que marque las prioridades de recuperación para las regiones afectadas por las lluvias e inundaciones de octubre y noviembre. Ya hay diagnósticos de pérdidas en varios órdenes y del impacto humano de los desastres, pero se debe contar con una herramienta programática que permita verificar la efectividad de las acciones. No se puede actuar a tientas o de manera fragmentaria porque ello deviene en desorden, despilfarro, opacidad y escasa efectividad contra la pobreza.

No hay guatemalteco a quien la pandemia no haya golpeado económicamente, y a muchos les tocó doble pérdida, por vivir en áreas de alta vulnerabilidad climática. Es un hecho que el 2020 empezó con grandes expectativas pero que a partir de marzo tuvo un giro totalmente inesperado y desgastante. Al consultar a las personas sobre cómo les fue este año es usual oír hablar de planes truncados, proyectos pospuestos y metas que no se podrán alcanzar.

Sin embargo, también es alentador escuchar de nuevas estimaciones de perspectiva para el 2021, a pesar de la prevalencia del covid-19, aunque a la luz de una vacunación promisoria. Y es justo allí donde se hace necesario subrayar la enorme capacidad de recuperación y resiliencia del guatemalteco. Funcionarios corruptos, administraciones mediocres y politiquerías reincidentes no han logrado robar la capacidad de esperanza de los ciudadanos ni su exigencia de transformación. De una gran crisis pueden surgir grandes oportunidades de mejora, reinvención y reconstrucción, tanto de infraestructura como de instituciones cuyo único sentido y misión es garantizar un mejor porvenir para la Nación.