A once días de iniciado el proceso de diálogo con mediación de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el gobierno de Guatemala y los grupos indígenas que convocaron a protestas por la agresión del Ministerio Público al proceso electoral, se observa un contraste entre cierta flexibilidad de las medidas y la “radicalización” de entes estatales en contra de los manifestantes, según señaló la entidad internacional en un comunicado.

El encuentro con el presidente de la República fue una declaración de posturas, pero en realidad ninguna de las partes quiso deponer la suya. El mandatario se escudó en la imposibilidad legal de destituir a la fiscal general, cuya salida exigen los manifestantes, mientras estos anunciaron la continuación de cierres viales como medida de presión. Pero el punto álgido llegó cuando la fiscal general pidió la destitución del ministro de Gobernación Napoleón Barrientos por no haber utilizado la violencia para desalojar las protestas. El funcionario dimitió y su sucesor fue conminado por la Corte de Constitucionalidad a liberar el área frente al edificio del Ministerio Público, donde permanece el plantón de los ciudadanos.

La misión de la OEA llama a mantener los acercamientos, pero sin caer en intransigencias. De acuerdo con sus postulados democráticos, la organización reitera que “legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima”. En efecto, los bloqueos causaron graves impactos económicos, tanto en el comercio interno como en la exportación de productos. Deponerlos es una acción adecuada para proseguir el diálogo.

Sin embargo, la evolución de la coyuntura abarca también al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a la CC y a otros sectores ciudadanos que han demandado la salida de la fiscal Porras, quien finalmente no aceptó el encuentro con las autoridades indígenas, que proponían efectuarlo en el Palacio Nacional de la Cultura. Se trata, en todo caso, de un encuentro necesario que debería ocurrir a la brevedad posible, para exhibir al menos cierta voluntad de transparentar acciones y procesos.

Un diálogo serio debe contar con finalidades claras. No solo es frenar el conflicto, sino encontrar soluciones viables, con respeto al marco legal e institucional, pero también con atención a las voces ciudadanas. La Misión ha sido enfática en señalar que los resultados electorales reflejan la voluntad soberana de la ciudadanía y que ya fueron oficializados. Pero es precisamente el temor a que se intente impedir el relevo de poder lo que movió a las comunidades indígenas a movilizarse.

El diálogo no debería agotarse con este capítulo coyuntural, sino proseguir durante el siguiente gobierno, a fin de aprovechar los cruces de opiniones a fin de trazar nuevas prioridades para el desarrollo. La formulación de un ordenamiento jurídico renovado, de nuevas oportunidades de competitividad y de grandes acuerdos nacionales para combatir la corrupción y el clientelismo deberían ser integrados a la mesa de trabajo. Por desgracia, existen importantes actores de la realidad nacional que están ausentes totalmente, pese a que apenas cuatro meses antes ofrecían de todo: los partidos políticos y sus dirigencias. Para finalizar cabe mencionar un axioma que se maneja en todo proceso de negociación: el mejor acuerdo es aquel en el que todos ceden algo por un bien común.