De manera prematura y a la vez reveladora, el ministro de Relaciones Exteriores intentó salir al paso del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Guatemala, que aún no ha sido publicado pero cuyo contenido es seguramente adverso para el Gobierno, que tiene acceso a él con antelación, según refiere la misma entidad. El canciller Búcaro acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos para reclamar por algo que aún no se conoce públicamente: la inclusión del país en el capítulo IV de la evaluación, un apartado en el que se registran cuestionamientos a prácticas gubernamentales, garantías universales bajo amenaza y situaciones que ponen en riesgo el régimen de Derecho.

“Ese informe no corresponde con la realidad de mi país”, fue el argumento repetido por Búcaro, quien dijo que el informe “invisibiliza” acciones en el combate de la corrupción y la impunidad, sin detallar cuáles. A pesar de vivir en tiempos interconectados, de comunicación en tiempo real, enviados oficiales acuden a instancias internacionales para dar declaraciones unilaterales, plegadas a un discurso unívoco, como si estuviéramos en la década de 1930, cuando difícilmente se podían conocer con rapidez tales alocuciones.

“Guatemala es un estado democrático, que vive una democracia solida”, fue otra declaración del mensajero gubernamental en Washington, en la cual es poco probable que haya expuesto sobre los 900 días de plazo excedente que lleva la Corte Suprema de Justicia, electa por contubernio del PP y Líder, un plazo que se amplía gracias a que la alianza oficialista del Congreso se rehúsa a comenzar el proceso de elección de nuevos magistrados, simplemente porque los actuales le resultan convenientes.

En todo caso, la CIDH publicará en mayo su informe anual, el cual constituye desde hace décadas el referente continental de diagnóstico del estado de Derecho. Por algo no es una organización de gobiernos americanos, sino de Estados, por lo que no solo atiende a la voz del régimen de turno. Precisamente por ello dicho documento ha denunciado abusos de regímenes como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros.

La ofensiva diplomática oficialista ocurre en paralelo con un cabildeo en el Congreso estadounidense pagado por Taiwán, país que por su difícil posición geopolítica se ve en la necesidad de apoyar a uno de los pocos gobiernos que aún reconocen su existencia y que se aprovecha de este predicamento. Sin embargo, ni el mundo está en 2017 ni el gobierno de EE. UU. es el de la primera mitad del período de Trump. Es posible que algunos allegados gubernamentales aconsejen que la mejor defensa es el ataque, algo que puso en práctica el propio mandatario a principios de diciembre, cuando procuró espacios en reuniones con grupos conservadores republicanos tras haber quedado excluido de la Cumbre por la Democracia del presidente Biden.

Abogar con vehemencia por un mejor trato a los migrantes guatemaltecos detenidos, insistir en un estatus de protección o mejorar en forma consistente la prestación de servicios legales consulares a connacionales podrían haber sido inversiones más valiosas de tiempo. Al fin y al cabo, una quinta parte del producto interno bruto que tanto presume de fomentar el Ejecutivo no es del todo “interno”, sino que proviene del esfuerzo de millones de guatemaltecos que se marcharon precisamente porque se les negaron las garantías de trabajo, salud, educación, desarrollo y seguridad en su país.