EDITORIAL
Oficialismo fragua una hecatombe ambiental
En su afán de complacer a patrocinadores oscuros que ni siquiera se atreven a dar la cara, el oficialismo y bancadas accesorias intentarán aprobar, de espaldas a la población, otra perversa iniciativa, la 6054, que pretende anular la autonomía de entidades que en la actualidad se hacen cargo del cuidado y fomento ambiental, para someterlas a la férula del Ministerio de Ambiente. Esgrimen los ponentes que se haría más eficiente la administración de los recursos naturales, pero en realidad todo apunta a volver endeble, manipulable y discrecional el manejo de los bienes naturales del país.
Para más señas, dentro de los ponentes de la ley figura el diputado Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores, quien es hermano del actual ministro de Ambiente, Mario Rojas Espino, lo que constituye un notorio conflicto de interés que para cualquier político responsable significaría la imposibilidad de firmar el dictamen de tan sospechosa iniciativa, que impulsa una centralización lesiva en el contexto de un gobierno que, lejos de proteger los ecosistemas, ha autorizado más licencias forestales, relegado el cuidado de la Biosfera Maya e ignorado iniciativas de protección con donaciones de financiamiento para la preservación de zonas como la cuenca El Mirador.
La iniciativa 6054 fue propuesta en marzo con firmas de seis miembros de la directiva. Además del diputado Rojas, contó con las firmas de la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, de Vamos; Efraín Menéndez, del partido Valor; Carlos López Maldonado, de la UNE; Julio Longo, de FCN-Nación, y Marvin Alvarado, de la bancada Bienestar Nacional (Bien). La ponencia también fue avalada por Wilfredo Arreaga, de la Unión del Cambio Nacional, en proceso de cancelación, suspendido por amparo judicial.
Es llamativo que hasta ayer no se reunían, después de seis meses, las firmas necesarias para el dictamen favorable de tan sospechosa iniciativa, que a las claras busca cooptar el manejo de los recursos naturales. Algún hecho repentino debió motivar a los legisladores Fidel Reyes Lee y Gabriel Barahona, de la bancada de Bien, y a otros integrantes de la UCN, habitual bisagra del oficialismo, que rubrican el dictamen de la 6054 para que sea programada por los jefes de bloque en la próxima sesión plenaria. Dados los antecedentes, es predecible que los mencionados asientan complacientes a tal despropósito institucional, imprudente y antitécnico.
Si tanto es el interés por preservar las reservas naturales del país, hoy atendidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, es mejor darle a este un aumento de fondos para que pueda contratar a más guardarrecursos, con apoyo de la Dirección Nacional de Protección Natural, de la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Ambiente ha sido incapaz siquiera de poner en marcha un proceso serio de implementación del reglamento de manejo de desechos sólidos, al cual resta menos de un año para entrar en vigencia, por lo que es muy improbable que sea capaz de administrar con eficiencia una tarea mucho mayor.
La prisa preelectoral de partidos y aspirantes ha adelantado también la atención y auditoría ciudadana sobre las acciones de diputados y funcionarios o exfuncionarios del Ejecutivo. Varias bancadas ya enfrentan caras facturas políticas por fiascos como la iniciativa 6076, de represión policial, o el decreto 19-2032, de censura digital. A ellas se sumaría esta intentona de cooptar el control y la potestad de los permisos y concesiones sobre el último y más valioso tesoro guatemalteco: su biodiversidad natural.