Con el pretexto de apoyar una gestión “municipalista”, de la cual hasta ahora no existen mayores resultados tangibles en indicadores de desarrollo, competitividad, infraestructura o mejoras permanentes en la calidad de vida de los vecinos, diputados del pacto oficialista empujan un arbitrario y abusivo aumento en el monto permitido a jefes ediles para efectuar compras sin licitación, el cual pasaría de Q90 mil a Q2 millones, todo un portón abierto para la discrecionalidad, el amaño, los pagos de favores y el clientelismo electorero, un abierto retroceso en materia de transparencia y una traición total a los ofrecimientos de campaña del partido en el gobierno.

“Nuestra obligación es la de ejecutar el presupuesto de gasto e inversión pública con la mayor transparencia, cumpliendo con las disposiciones legales respectivas; no permitiremos ni toleraremos la aplicación de nuestros recursos financieros escasos a programas que no beneficien a la población, a la comisión de actos delictivos que afecten al erario público”, dice el llamado “Plan de innovación” de 2019, de Alejandro Giammattei Falla, colgado en el sitio web del partido Vamos, enunciado que contrasta con las acciones actuales.

Entre los ponentes de tan peligrosa ampliación figura el diputado Manuel Conde, quien recientemente fue grabado en video en una actividad en Mixco, promocionándose como el “próximo” presidente del país, lo cual no solo es una evidencia de campaña anticipada, sino de un triunfalismo precoz basado en la suposición de que tienen comprada a una mayoría de alcaldes que a su vez creen que pueden comprar a la población de sus localidades con unas cuantas obras a la carrera y sin la debida planificación, pues si la hubiera las licitarían en forma correcta.

La aprobación precipitada y sin permitir discusión alguna en primera lectura de esta reforma chapucera, antojadiza y oportunista deja entrever cierta desesperación ante el inminente proceso electoral y las presiones de alcaldes que acudieron oficiosamente a dramatizar presión para que fuera aprobado el presupuesto desfinanciado de 2023. Las infladas asignaciones no les sirven si no pueden repartirlas a manos llenas, sobre todo en caso de que pierdan, pues tal posibilidad está abierta para muchos de ellos.

También se exhibe una total incapacidad de discutir, corregir y aprobar a tiempo la iniciativa 6141, enviada por el Ejecutivo y que también pasó en primera lectura, pero que está plagada de ampliaciones y vacíos legales. El objetivo era sustituir la ley vigente en combo con el botín 2023, pero el período de sesiones se agota, los diputados están más afanados en hacer campaña y no se quieren arriesgar a que el bodrio deba ser anulado, como otros dos decretos anteriores.

Los otros ponentes de este parche leguleyo pertenecen a las bancadas Vamos, UCN, Viva y UNE, más un par de tránsfugas que buscan subirse al primer carretón electorero que los acepte. Quizá hasta se logre la aprobación con la misma metodología despótica de no permitir las opiniones en contra. Sin embargo, no habrá victoria porque quedarán en evidencia de haber dejado abiertas las arcas públicas a una escala sin precedentes. Y si no consiguen la modificación será más notoria la codependencia clientelar que tienen con los alcaldes. “Aún se tienen niveles altos de corrupción, producto de una indefinición de la visión estratégica del gasto”, dice el aludido plan de ofertas de la campaña del partido oficial que ahora se convierte en ironía o mentís.