Editorial
Operación portuaria eficaz debe garantizarse
Las autoridades de la Portuaria Quetzal y el gobierno central deben manejar este proceso con celeridad y sentido de obligación constitucional.
La Constitución Política de la República es muy clara en cuanto a las responsabilidades del Estado (y, por ende, de toda autoridad legítima) en materia de economía y comercio: el artículo 199, en su inciso A, establece como primera obligación: “Promover el desarrollo económico de la Nación…” En el B: “Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país”. El inciso I es taxativo y pertinente: “Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales”, y el N no se queda atrás: “Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros”.
Ante ello resulta oportuno y vital para la actividad económica, la inversión y el comercio el amparo provisional otorgado por una sala de Apelaciones de Escuintla al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), para que continúe la operación normal de contenedores en el Puerto Quetzal, a fin de permitir una licitación internacional transparente para dicha concesión sin que se detenga el embarque y desembarque de mercancías de exportación e importación, materias primas, combustibles y otros abastos vitales para el país.
La anulación del contrato de usufructo de APM Terminals por fallo de una sala de lo Contencioso Administrativo, emitido el 11 de junio, está fundamentada y obliga a celebrar una concesión transparente. Sin embargo, esto dejaba en vilo las actividades portuarias, ya de por sí sobrecargadas por cadenas logísticas globales, muelles insuficientes, dragados pendientes y hasta el crecimiento en exportaciones e importaciones.
Asegurar la prestación transitoria del servicio portuario es una responsabilidad del Estado, y este no solo abarca al Ejecutivo, sino a los tres poderes, por lo cual no debería haber mayores objeciones a esta continuidad. Un paro súbito del área a cargo de APM ocasionaría graves impactos en la cadena de suministros nacionales e irreparables daños al comercio exterior, no solo por la pérdida de productos de exportación, sino por el incumplimiento de contratos y eventuales penalidades.
Ahora bien, no debe perderse de vista que el nuevo proceso de licitación internacional debe efectuarse de manera técnica, estratégica, ágil y transparente, a fin de evitar el adefesio legal y de corrupción legado por el gobierno de Otto Pérez Molina. Las compañías oferentes deben comprometerse a cumplir con el ordenamiento jurídico guatemalteco y también con los requerimientos mundiales de seguridad, combate a trasiegos y revisión no invasiva, así como contar con propuestas serias de inversión para ampliar y mantener funcionales las áreas de atraque y grúas.
Las autoridades de la Portuaria Quetzal y el gobierno central deben manejar este proceso con celeridad y sentido de obligación constitucional. Pero también el Congreso de la República está obligado a retomar la discusión de la Autoridad Nacional Portuaria, como ente regulador y coordinador de los requerimientos, proyectos, oportunidades y necesidades de las instalaciones de este tipo en el país, que actualmente funcionan cada una por su lado. No se trata de generar rémoras burocráticas, pero sí de ponerse a la altura de otros países vecinos que tienen años de contar con tal instancia, la cual incluso podría hacerse cargo de recuperar proyectos como el muelle de Champerico o las terminales específicas para cruceros.
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