Ya sea por la presión pública o por haber cobrado consciencia de las potenciales implicaciones legales, el Tribunal Supremo Electoral derogó el acuerdo por el cual se había declarado secretividad sobre investigaciones de posibles delitos electorales cometidos por organizaciones políticas desde el 2020. Dicha medida no solo contravenía el carácter público de los partidos políticos, sino que además significaba un desgaste adicional para el TSE, que ya de por sí arrastra la sospecha de una tácita deuda política hacia las bancadas que eligieron a sus actuales integrantes.

En ese sentido, la tardanza para la cancelación definitiva —y con todas las consecuencias legales— para media docena de partidos pende todavía como la espada de Damocles sobre la actual magistratura. Pero la solución está a la mano. Si bien los magistrados titulares y suplentes fueron electos por medio de un canal institucional, en un procedimiento establecido en ley a través del Congreso, las mismas circunstancias marcan el tiempo de cortar amarras y asumir con responsabilidad una misión en la cual solo debe pesar la fidelidad a la Constitución y a la propia ciudadanía. El TSE está en el momento adecuado para mostrar independencia y apego al espíritu de la ley.

En otro ámbito, pero relacionado también con un decreto dañino a la Nación, se produce un procedimiento institucional que abre la posibilidad de una decisión inmediata, firme y responsable del presidente de la República, Alejandro Giammattei: el Congreso envió al Ejecutivo las burdas reformas a la Ley de Compras, que amplían el monto de adquisiciones sin cotización ni licitación y que amplían el radio de personas con potestad para efectuar compras, con lo cual también se incrementa el riesgo de conflictos de interés, amaños y adjudicaciones a dedo.

Apenas en febrero, el mandatario refrendaba su compromiso de combatir la corrupción durante la presentación del informe de la secretaría creada para ese efecto. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, le ha provisto ahora —sin querer— de una oportunidad de oro para poder demostrar su declarada convicción por la transparencia y la probidad. El Legislativo aprobó, con sombra del clientelismo, leguleyos cambios a la norma más importante para el aprovisionamiento estatal de bienes y servicios. Como tales, deben ser vetados o podrían convertirse en la mayor contradicción de los ofrecimientos electorales de Giammattei.

Si en efecto considera que las compras y contrataciones del Estado merecen un mejor marco legal, no lo conseguirá avalando el manoseo legislativo, nocturno y alevoso del 28 de abril, debe hacerlo a través de una convocatoria pública para discutir y redactar una iniciativa de ley, con toda la celeridad necesaria y con voces de sectores productivos y académicos. Alcaldes y funcionarios deben participar, para que la norma sea realista, funcional y actualizada, con una nueva visión de gobernanza en la cual la cuentadancia de cada centavo es ineludible.

Si el presidente deja pasar esos cambios así como están, no le estará haciendo favor alguno al Estado, ni a los tributantes ni a todos aquellos sectores a los cuales ha aseverado su búsqueda de una mayor eficiencia y una mejor planificación en el manejo de los recursos públicos. La ocasión está servida para que pueda vetar el decreto, exponer su lesividad y no pasar a la historia como uno más.