Una vieja máxima reza: “No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas”. Constituye una especie de brújula para evaluar la coherencia ética de las acciones personales y su proyección a la comunidad, así como los motivos expuestos para justificarlas. En el plano legal, se traduciría en la aplicación equitativa de normas y sanciones para todos los ciudadanos, sin favoritismos o conflictos de interés. Cuando la ley se aplica a unos, pero deja impunes a otros por la misma transgresión, no hay excusa que aguante.

Guatemala tiene una Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) que fue reformada de manera mediocre, güizachezca y parcial por la anterior legislatura. La dejadez y la incapacidad de los sucesores originó el atraso en la discusión, si no es que la bloqueó en beneficio de partidos o figurones a los que convenían sus vacíos y ambigüedades. En todo caso, para su recta aplicación se elige a una cohorte de magistrados que están compelidos a actuar en el mejor interés de la ciudadanía, la defensa de la democracia y también el prestigio de sus propias carreras de ejercicio del Derecho para pasar a la historia como garantes de la justicia y no como merolicos convenencieros.

Mucho se ha cuestionado la lentitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para proceder a la supresión de partidos políticos que violaron la Lepp y que con ello traicionaron sus propias declaraciones de postulados y compromisos adquiridos al ser autorizados. Recibir dinero del narco, esconder ingresos en cuentas opacas o negarse a reportar donaciones para proteger a patrocinadores timoratos solo exhibe a grupos dedicados a proteger intereses de gavillas o fácticos, y no los de Guatemala.

Sostener partidos transgresores no es la función del TSE y aún está a tiempo de ponerse al día y, con ello, ganar respeto y credibilidad. Tampoco es su función crear índices de personas excluidas —sin proceso ni evaluación de circunstancias— con el veto de participar en las elecciones, cuando ni siquiera lo han solicitado. Esto causa más ojeriza si la sanción se apresura para unos, pero a otros se les deja por libre en campaña anticipada, sobre todo a allegados de la alianza oficialista. Están a tiempo los magistrados de corregir entuertos y librarse de las presiones de quienes los eligieron en una legislatura que en 14 meses ya será historia. Es una oportunidad única y por tiempo limitado.

El más reciente remolino innecesario en el que se ha metido el TSE es la prisa por cambiar, a diez semanas de la convocatoria a elecciones, el sistema para el conteo de votos. A la magistrada Irma Palencia, presidenta del TSE, se le puede aconsejar, de buena voluntad, que escuche el unánime llamado de organizaciones de la sociedad civil a respetar el sistema de conteo de votos, consignación y transmisión de datos que ha garantizado todas las elecciones democráticas desde 1984.

Este respeto no es a una metodología sino a los miles de ciudadanos que participan en la integración de mesas receptoras de votos y también en la fiscalización de parte de los partidos participantes. Serán los primeros comicios organizados por esta magistratura y la magistrada Palencia debe mostrar aplomo, integridad y amor al país, y evitar hacer cosas malas que parezcan buenas y viceversa. La misión del TSE es generar confianza en el respeto a la voluntad ciudadana, ni más ni menos. Toda presión debe ser denunciada. La ciudadanía guatemalteca los apoyará, pero deben comenzar a tener coherencia, ecuanimidad y, sobre todo, imparcialidad de forma y fondo.