Los descuidos en política tarde o temprano se pagan y más cuando se les intenta maquillar, ocultar o endosar a otros sin fundamento convincente. Agrupaciones y candidatos suelen responsabilizar a terceros de las consecuencias de su intolerancia manifiesta, patrones de acción, nexos, ausencias, conflictos de interés, errores discursivos o decisiones desgastantes tomadas por ciertos representantes que terminan por golpear la imagen de toda la opción política.

Esto ultimo ocurrió con dos decisiones inexplicables dentro de un mismo caso: la primera fue del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que el 25 de abril cedió ante los partidos en la decisión de incluir o no en las papeletas los nombres de candidatos a diputaciones, y la segunda fue el voto de 16 fiscales a favor de omitir las listas y colocar solo los símbolos de las agrupaciones, una privación de información pública al ciudadano en el momento de estar en la mesa de votación.

La justificación para quitar nombres fue al limitado espacio en las papeletas y el tamaño reducido de la tipografía por utilizar. En todo caso, la causa original del aumento de nóminas es la proliferación de partidos, producto de escisiones en organizaciones previas, la incapacidad de establecer acuerdos y la ansiedad por crear vehículos electoreros que en el actual proceso suman 30 en contienda.

Los magistrados del TSE han tropezado más de una vez con la misma piedra: presumir de mecanismos democráticos ante los partidos, aunque ciertas medidas adoptadas terminen violando derechos fundamentales. No obstante, se presentan a ofrecer un abanico de planes, intenciones y ofertas de transparencia, renovación e inclusión.

En enero pasado los fiscales decidieron, con la venia de los magistrados, denegar el acceso de medios de comunicación a las sesiones. El reclamo unánime les hizo dar marcha atrás. El abuso de quitar los nombres de las papeletas suscitó indignación y señalamientos de opacidad, incluso entre observadores del proceso. Quedó expuesto el intento de ocultar nombres incómodos con su respectivo desgaste de exfuncionarios, legisladores tránsfugas o con pedidos de desafuero, familiares o allegados de dirigentes. En último caso, ¿para qué promocionar rótulos con caras y nombres de aspirantes, si sus nombres no iban a poder encontrarse en la papeleta? Así de absurdo.

El TSE planteó ayer en la sesión con fiscales la revisión del tema mediante otra votación. Veinticuatro fiscales, entre ellos varios arrepentidos, avalaron la inclusión de nombres. El Partido Republicano, cuyo primer candidato de Lista Nacional es Carlos Velásquez, exministro de Desarrollo de Jimmy Morales, se opuso a incluir los nombres. Mientras tanto, se abstuvieron de votar Prosperidad Ciudadana, Unidad Nacional de la Esperanza, Valor, Partido de Avanzada Nacional y Unión Republicana.

Quienes rectificaron no le están haciendo un favor a la ciudadanía, porque su obligación es exhibir transparencia y apertura, pero al menos tuvieron el gesto de enmendar la plana. A futuro, la meta debe ser una reforma electoral que permita a la ciudadanía elegir por nombre y no en listas prefabricadas según los aportes, los lazos parentales o los clientelismos. Mientras tanto, los partidos que esgrimieron falacias para resistirse a exponer nombres dejan traslucir un mensaje inquietante: si así es cuando están pidiendo el voto, cómo serán cuando ya no lo necesiten.