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Otro síntoma del caos penitenciario

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El asesinato del exdiputado Manuel Castillo Medrano, cometido la tarde de ayer, supuestamente por otro reo, ya detenido, en la cárcel Pavón, corrió como pólvora por medios noticiosos, motivó reacciones y generó varias hipótesis; sin embargo, de alguna manera, no resultó ser un hecho tan extraño, dada la inexistente política penitenciaria del presente gobierno, dados los antecedentes de ejecuciones anteriores cometidas en centros de detención y dada la prevaleciente impunidad en el trasiego de armas, drogas, celulares y hasta personas en las prisiones.

Prácticamente, resultaba una cuestión de tiempo que este tipo de sucesos se repitiera. Castillo Medrano fue electo diputado al Congreso de la República por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el 2004. Fue relacionado por el Ministerio Público con una banda de narcotráfico y robo en Jutiapa, y expulsado de la referida agrupación política. En el 2006, la Embajada de EE. UU.  le retiró la visa, porque tenía nexos con una banda de sicarios, pero para mantener su inmunidad, se postuló para alcalde de Jutiapa. Estuvo prófugo, pero fue capturado. En el 2010, fue condenado a 203 años de cárcel, tras haber sido identificado como el autor intelectual del asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacén Eduardo D’aubisson, William Pichinte y José Ramón González, en una finca de la ruta a El Salvador.

Este asesinato  de un reo sucede en el  epílogo del período del Frente de Convergencia Nacional en el Ejecutivo, tan solo semanas después de la detención de dos personajes ligados a estructuras de narcotráfico y a  dos meses de que se declarara culpable de narcotráfico en EE. UU. el expresidenciable Mario Estrada, cuyo territorio fuerte era Jalapa.

Son una incógnita las razones, los intereses, los temores o incluso las venganzas que podría haber detrás de la muerte del exdiputado Castillo, quien era verdaderamente temido en sus años de apogeo, sobre todo cuando ocupaba una curul, con todo y los privilegios legales que acompañan a un cargo de ese tipo, desde el cual obviamente buscaba sobre todo la preciada inmunidad. No obstante, el sistema de justicia funcionó y la misma le fue retirada para que pudiera ser investigado, juzgado y efectivamente condenado.

En todo caso, el tema de fondo, además del nodo de relaciones comprometedoras que pudo haber tenido el exdiputado Castillo, es el entorno letal, poroso y descontrolado que representan los centros penitenciarios.  En lugar de ser instalaciones de encierro confiable, son el núcleo de llamadas extorsivas; en lugar de constituirse en recintos de cumplimiento de sentencias, son escenarios de acción criminal antojadiza, puesto que en el mismo centro de detención Pavón fue ejecutado, en julio del 2016, el reo Byron Lima.

Esa situación de anomia penitenciaria se prolonga a causa  de la falta de reformas reales en esa institución dependiente del Ministerio de Gobernación, entidad que no ha sido capaz de implementar programas de detención domiciliar bajo control electrónico, a pesar de que fue un discurso recurrente para atacar, dos años atrás, el abuso de la prisión preventiva. Asimismo, el Congreso de la República tampoco fue capaz de aprobar una ley de aceptación de cargos funcional, puesto que terminaron aprobando un adefesio legal que debe ser vetado para dejar a la nueva legislatura la prioridad de replantearla, al igual que el nuevo gobierno deberá reestructurar en serio y a la brevedad el futuro del sistema penitenciario.