Aprovecharse de la necesidad, la precariedad y las limitaciones de determinados sectores de la población para articular chantajes clientelares constituye una de las afrentas más grandes que cualquier gobierno, funcionario, partido o candidato puede cometer a la dignidad de la ciudadanía que vive en comunidades agobiadas por la pobreza y la extrema pobreza desde hace décadas, sin que sucesivas administraciones hayan ejecutado planes sostenidos de desarrollo que rindan, por lo menos, resultados focalizados y que puedan constituir un modelo a gran escala.

Infortunadamante, la política nacional, lejos de generar ideales y de impulsar visiones nacionales de amplio alcance, se ha dedicado a cortejar caudillismos locales y a explotar las ingentes carencias de los pobladores, en un círculo vicioso de connivencias entre el oficialismo de turno y grupos que se prestan para promover nuevos clientelismos, alimentados con el erario. A la larga se trata de gastos improductivos pagados por todos los contribuyentes, sin cuentadancia, sin rendición de cuentas ni de resultados.

No es la primera vez que una administración intenta comprar la aveniencia de un grupo poblacional específico, sobre todo en el caso de los denominados expatrulleros civiles, que comenzaron un movimiento de exigencia de resarcimiento desde el 2003, precisamente el año electoral en que el ya fallecido general Efraín Ríos Montt forzó una participación como candidato presidencial para ser derrotado en las urnas por el voto ciudadano. No obstante, el gobierno eferregista dejó un compromiso millonario de pago de resarcimiento, que en 16 años ha representado una erogación de cientos de millones de quetzales. La semana anterior, el Ministerio de Agricultura confirmó que se destinaron Q48 millones para continuar con los desembolsos del programa Bosques para la Concordia, sin informes públicos detallados sobre las áreas supuestamente reforestadas. Por si fuera poco, hace casi dos meses surgió un grupo de supuestos exmilitares, sin personería jurídica ni registros oficiales, que exigen un pago de Q85 mil y una vivienda a cambio de no interferir con las elecciones, una amenaza velada que luego se transmutó en un ofrecimiento, igualmente ilegal, de “vigilar” los comicios.

No se trata de los únicos mecanismos clientelares de los que se tiene noticia El reparto de bolsas de víveres, la distribución de aperos de labranza y fertilizantes o el reparto de láminas y otros materiales de construcción son recurrentes dádivas instrumentalizadas, tanto por comunas como por diputados y Ejecutivo que no resuelven los retos del desarrollo. Los pobladores que las reciben no ven resueltas sus necesidades de fondo y encadenan el futuro de sus hijos a las conveniencias de sus interesados benefactores.

Es momento de detener el creciente círculo de dependencia que no ataca las causas fundamentales del problema. Se necesitan, sí, programas inclusivos, despolitizados y con criterio técnico para combatir la desnutrición, para procurar la salud preventiva desde la ventana de los mil días y que provean a las comunidades agrarias de insumos y capacitación para optimizar su producción, pero ello requiere acciones visionarias que comienzan por el rechazo en las urnas a toda persona o grupo que se aproveche de la penuria, pues ello desnuda su pobreza ética y su ávido interés por beneficiar únicamente a una camarilla de allegados.