Un exministro devenido en presidenciable solía promocionarse durante la campaña del 2003 afirmando que el 14 de enero a las 14 horas se le terminaba la fiesta a los pandilleros en Guatemala, un ofrecimiento que también otros candidatos utilizaban con distinta formulación. En efecto, el fenómeno de las pandillas, con su cauda delictiva, ya era motivo de preocupación hace dos décadas, pero era aprovechado por la politiquería para convertirlo en argumento propagandístico, aunque de poco calado, puesto que aquel candidato del 14 a las 14 no ganó.

Sucesivos mandatarios, ministros de Gobernación y cúpulas policiales han desfilado por el gobierno, pero el poder de las pandillas no ha hecho sino aumentar. Las cárceles, que deberían ser instalaciones donde los cabecillas no puedan coordinar más ataques, robos o ejecuciones, se han convertido en centros de convención permanente de estas jefaturas criminales. El auge de la telefonía celular y la disponibilidad de internet móvil penetran hasta el interior de los penales, usados como centros logísticos del mal.

La acciones gubernamentales no pasan de repetir traslados, sin cortar las vías de comunicación entre integrantes de estos grupos. El 18 de mayo último, 76 jefes pandilleros fueron trasladados de la zona 18 a Fraijanes II. Al día siguiente, el Ministerio de Gobernación se apresuraba a anunciar con bombos y platillos que durante 24 horas no se había registrado ni una sola muerte violenta en el país. Sin embargo, el 20 y 21 la situación tuvo un giro extremo: se cometieron 20 homicidios en Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Jutiapa, varios de los cuales fueron ligados a disputas por territorio de narcomenudeo y represalias por el traslado, en abierto desafío al Estado y al Gobierno.

Un reciente informe refleja el relativo descenso de extorsiones durante los meses de restricciones sanitarias por la pandemia en el 2020 y el sostenido repunte del 2021 a la fecha. Solo en lo que va del año se han denunciado 5 mil 700 extorsiones. La PNC y el MP han efectuado pesquisas y redadas en varios puntos del país, capturan a sospechosos y es ahí donde el círculo vicioso se amplía, porque las prisiones son porosas al ingreso de dispositivos de comunicación y a la salida de órdenes de muerte mediante notas y mensajes que trasladan a las visitas, ante la falta de vigilancia.

Una de las principales promesas de Alejandro Giammattei fue el combate a las pandillas con una ley que las tipificaría como grupos terroristas, debido a la saña de sus métodos y al peligro público que representan. El Congreso de la República, ocupado en otros menesteres clientelistas y agendas intolerantes, no ha discutido nada desde noviembre del 2020, cuando se presentó la iniciativa. No les importa o no les conviene, hasta que regrese la feria electorera en la cual intentarán sacar raja promocional al temor y a la muerte.

La acciones del Gobierno salvadoreño en contra de pandilleros le pusieron presión al Estado guatemalteco, por la desbandada de integrantes y la inercia con la cual persisten las tropelías. Cuando le queda un año, seis meses y seis días al mandato de Giammattei, todavía está en polémica consideración la construcción de una cárcel de alta seguridad, que tardaría más o menos ese año y medio en ser terminada si se empezara hoy. Pero se necesita mucho más que eso: planes efectivos de prevención del delito, de promoción del desarrollo infantil y juvenil en zonas marginales, reformas legales para endurecer las penas a los ofensores y, sobre todo, dejar de hacer las mismas cosas en una espera inútil de resultados distintos.