Uno de los términos más desgastados, desacreditados y a la vez recurrentes durante las crisis es la palabra diálogo, una acción cuyo significado entraña la posibilidad de intercambiar ideas con un fin constructivo. Su realización exitosa depende, sobre todo, de la capacidad de expresar de forma asertiva las ideas y las propuestas, pero especialmente la disposición real de escucha de todos los participantes. Debe haber una condición de equidad participativa y una búsqueda de consensos que no deberían ser mínimos, sino por el contrario, intentando encontrar el máximo común denominador.

Lamentablemente, desde los inicios del proceso democrático los presidentes han utilizado el pretexto del diálogo para desactivar conflictos inmediatos, para aplazar el abordaje de temas e incluso para esconder truculentas agendas unívocas que a la larga solo aumentan la tensión y amplían la desconfianza. Por otra parte, los grupos descontentos que exigen determinadas acciones de las autoridades pretenden conseguir el ciento por ciento de sus demandas, lo cual es a todas luces imposible, dado que hay múltiples sectores de interés en el escenario nacional y obviamente lo que favorece a unos puede perjudicar a otros, o al menos requerir de su aporte económico.

Por ejemplo, existen grupos que bloquean caminos y causan millonarias pérdidas al país. Unos unos exigen el pago de un resarcimiento que, según ellos, merecen. Otros grupos reclaman otras agendas, supuestamente democráticas, pero en el fondo apuntan a totalitarismos fracasados. Curiosamente utilizan las mismas estrategias de daño a los sectores productivos y de alto impacto para la misma gente que dicen defender.

La misma ciudadanía demanda cambios administrativos en el Estado, depuración legislativa y judicial, castigo contra señalados de corrupción, mejor atención hospitalaria y vacunas: demandas justas y necesarias. Pero si solo se gritan en la calle ¿quién es el interlocutor real de esta exigencia? El propio Gobierno parece aprovechar la confusión para decretar medidas que enrarecen más el ambiente. Se le debe exigir el establecimiento escenarios de conversación colaborativa y consensos serios ante desafío sanitario. Si el gobierno persiste en su intransigencia, supuestamente para demostrar fortaleza institucional, solo agrega agravantes a su futuro.

Tampoco se trata de simular, otra vez, el establecimiento de “mesas”, como se suele llamar a las instancias de exposición de motivos y demandas, si tales mesas carecen de empoderamiento y de capacidad real de decisión. Si solo son escritorios para recibir quejas, sin las intención real de resolverlas de acuerdo con procesos asertivos, la crisis volverá corregida y aumentada.

Al preguntar a varios sectores sobre su disposición al diálogo, la mayoría expresa estar abierta a participar si hay una convocatoria seria, sistematizada y debidamente mediada. No faltan los extremistas que solo defienden pasiones desfasadas, anarquismos intolerantes y fascismos igual de intransigentes con otras perspectivas que no sean las suyas. Afortunadamente se trata de grupos minoritarios cuya falsa seguridad les obnubila. Quizá suene prematuro o hasta ingenuo hablar de diálogo en este momento, pero las mismas circunstancias nacionales hacen imprescindible un pacto ciudadano que se contraponga con valor ético y firmeza de principios a las alianzas hechas bajo la mesa por politiqueros que también tendrán su lugar a la sombra de la historia.