Con clara avidez clientelar de año preelectoral, avanza para su discusión final la iniciativa 6043 mediante la cual se autoriza una ampliación presupuestaria de Q3 mil 191 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para que pueda ampliar la ejecución de “obras”. Hasta ahí podría sonar creíble y hasta plausible el propósito. Sin embargo, al preguntar qué obras se priorizarán con tales fondos, las autoridades del CIV piden tiempo para elaborar la lista de proyectos, en una muestra de improvisación y desorden, a lo cual se suma el clientelismo infame en el que meten la mano alcaldes y congresistas allegados.

La fuente de financiamiento de esta piñata, que lo seguirá siendo hasta que se demuestre lo contrario, proviene de excedentes del 2021, año en que el Ejecutivo pregonó como el de la recuperación, por lo cual bien pudo ser el de la construcción, remozamiento y finalización de importantes tramos viales. A la vista están los malos resultados del anterior ministro Edmundo Lemus, quien prefirió huir a su curul en el Congreso.

La iniciativa contempla que la Dirección General de Caminos reciba Q1 mil 286 millones, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Q1 mil 748 millones, y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, Q120 millones. Una vez más es extemporánea y por demás sospechosa tal transferencia adicional, puesto que a finales del 2021 Covial se quejaba de no tener recursos y ahora los tendrá de golpe, justo a tiempo para que los proyectos puedan ser objeto de “supervisión” e incluso de inauguración por parte de diputados, alcaldes o funcionarios en busca de la propaganda de siempre.

También fue sintomática la forma en la cual avanzó la inciativa de marras, porque existen leyes de gran importancia para el desarrollo nacional, como la de Competencia, la de Servicio Civil o una nueva norma de contrataciones, por solo mencionar algunas. No obstante, hace apenas dos semanas, el 1 de marzo, ingresó la iniciativa con la firma de la actual presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, y de los también diputados oficialistas Mynor Mejía Popol, jefe de bancada, y Carlos Roberto Calderón, en una especie de disimulado tráfico de influencias al más alto nivel. A dicha iniciativa se le dio trámite ese mismo día y se entregó a la Comisión de Finanzas, donde avanzó sin obstáculo. Pasó al pleno en dos rápidas lecturas y está a punto de sonar el lazo que jala la piñata electorera.

Si en efecto se trata de un sólido plan de recuperación de infraestructura, debería mediar en la aprobación final la lista de los tramos y edificios por construir, con el correspondiente razonamiento estratégico de utilidad pública. Más adelante habrá que comprobar, también, los vínculos de las empresas contratadas para la ejecución, y en el caso de la Dirección General de Caminos, la proveniencia de las órdenes para desarrollar determinados trabajos.

Al período legal del actual Congreso y al Ejecutivo le restan 1 año, 9 meses y 25 días, pero si se toma en cuenta el inicio del zafarrancho electoral, con sus empellones, prisas, transfuguismos, rupturas y hasta la infaltable “ley de Hidalgo”, queda mucho menos para poder tener a disposición el erario como botín. Por otra parte, la crisis económica global no está como para dispendios y bien harían los diputados en recortar el bolsón, en lugar de agrandarle los agujeros.