Desde hoy, y durante los próximos días, unos tres millones 200 mil estudiantes regresarán a clases en todo el país, distribuidos en más de 40 mil establecimientos, de los cuales, 32 mil 624 son públicos. Como todos los años, en la mayoría de los planteles educativos habrá decenas de motivos para festejar que niños, niñas y jóvenes regresan a las aulas en búsqueda de enriquecer sus conocimientos, mostrar sus habilidades y realizar sus sueños.

Estar a las puertas de un esperado cambio de gobierno abre una oportunidad para revisar lo que se ha hecho bien y lo que se debe corregir en el ámbito de la educación. De las autoridades educativas salientes se debe reconocer la entrega completa y a tiempo de los recursos económicos para la alimentación escolar, así como avances en cuanto a la entrega de la valija didáctica, la implementación de una buena cantidad de laboratorios de computación y el cumplimiento en el número de días de clases.

Sin embargo, cuando las necesidades se acumulan a lo largo de la historia, los desafíos para alcanzar los niveles óptimos se vuelven grandes, y por ello los profesionales que se harán cargo del Ministerio de Educación a partir del 14 de enero deben prepararse para atender de forma significativa la mejora en el aprendizaje de los estudiantes, la calidad educativa, la formación inicial docente y la infraestructura.

Por más planes y buenas intenciones que tengan las autoridades entrantes, el problema toral radica en la necesidad de aumentar la inversión en el sistema educativo del país, pues Guatemala destina menos del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en ese rubro, cuando el promedio regional es de 5 y el ideal, de 7.

También existen grandes desafíos para atender la cobertura educativa, sobre todo en el ciclo básico y en la provincia, donde la migración, la necesidad de recursos económicos y la falta de instrucción sobre planificación familiar hacen que, en muchos casos, estudiar no sea la primera opción de un adolescente.

Junto al desafío histórico de elevar la calidad educativa del país, la sociedad guatemalteca debe jugar un papel protagónico, exigiendo y a la vez apoyando a las nuevas autoridades en la urgente y eficaz atención de la desnutrición, un flagelo en el que la administración saliente tuvo desaciertos, al punto de que en regiones rurales, habitadas en su mayoría por población maya, el problema afecta hasta a ocho de cada 10 niños, debido a una dieta que no ayuda a prevenir la desnutrición crónica, lo cual tiene efectos devastadores en la vida adulta, como, por ejemplo, retardo en el crecimiento del cerebro.

Solucionar dos de las más grandes deudas históricas que el Estado tiene con los guatemaltecos requiere, en inicio, voluntad que se enfoque en la correcta ejecución de políticas y presupuesto, así como una eficiente coordinación entre las principales instituciones relacionadas con esos aspectos.

Tanto en el tema educativo como en el del combate de la desnutrición existe un actor clave para aspirar a cambios reales: una ciudadanía que sea en verdad vigilante, que exija desde el primer día a las nuevas autoridades y que también se involucre en plantear soluciones, apoyar proyectos, innovar y, sobre todo, tomar conciencia de que en estos ámbitos Guatemala no puede volver a fallar.