Editorial
Patrones de acción no se pueden disfrazar
Zamora lleva más de 570 días en prisión preventiva y denunció haber sido víctima de tortura y condiciones infrahumanas.
Acerca de secuencias de hechos o situaciones bien puede parafrasearse la cita del novelista inglés Ian Fleming: “Una vez es coincidencia, dos es casualidad, tres es una tendencia”. Si bien tal deducción figura en un relato literario, la realidad siempre supera la ficción. Y es que fue llamativa la asistencia del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, a la audiencia de apertura a juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora, acusado de supuesto lavado de activos en este caso.
Como si se tratara de un capítulo de El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, y no de una cita con la justicia en una república democrática, el Ministerio Público fue el impedimento para que se celebrara la audiencia de apertura a juicio contra Zamora, debido a que la fiscal a cargo del caso, Leonor Morales, argumentó quebrantos de salud. Una vez es coincidencia, dos es casualidad, pero esta es la tercera vez que se suspende el procedimiento, a cargo del juez Jimmi Brenner. El primer juicio fue anulado por notorias deficiencias procesales que incluyeron el impedimento de declarar a varios testigos de la defensa.
Zamora lleva más de 570 días en prisión preventiva y denunció haber sido víctima de tortura y condiciones infrahumanas en el Centro Preventivo Mariscal Zavala durante los días del gobierno del ahora señor ex presidente Alejandro Giammattei, de quien fue crítico y a quien atribuye su persecución. La Comisión contra la Tortura nunca ha investigado ni denunciado nada: un silencio parecido al que tuvo en otros casos como el de la exfiscal Virginia Laparra, quien recuperó su libertad en enero, después de dos años de prisión preventiva. Curiosamente su acusador era un juez que luego fue relator antitortura.
A decir verdad, no son los primeros casos en los cuales una prisión “preventiva” se extiende exageradamente, como sucedió con el exbanquero Eduardo González, señalado en el caso Bancafé, quien permaneció nueve años encarcelado, sin juicio ni condena, un período que casi equivale a la condena por el presunto delito. Sin perjuicio del proceso que enfrente, es necesario señalar que estas tardanzas, rayanas en la animadversión, pervierten el espíritu de los procesos judiciales legítimos en un estado de Derecho.
El martes último, Canadá emitió sanciones contra la fiscal general, Consuelo Porras, y tres fiscales, por “violaciones flagrantes y sistemáticas” a los derechos humanos, lo cual incluye el asedio al proceso electoral 2023. Medidas similares fueron impuestas antes por la Unión Europea y Estados Unidos en contra de fiscales y jueces por acciones antidemocráticas. Los señalados se quejan de tales acciones y las califican con términos como abuso, extralimitación, violación de garantías y atentado a la presunción de inocencia; paradójicamente esos conceptos son los que más se asocian a acciones del MP cuestionadas por entidades de prensa, organismos internacionales y de derechos humanos. Quizá es tiempo de darse cuenta de que la propia institucionalidad sufre por los patrones de acción personal. La semana pasada visitó el país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió respeto a la libertad de expresión. Esta garantía ha sido amenazada por el MP al perseguir a periodistas y columnistas bajo cargos de “obstrucción” por criticar el caso Zamora. Estos fueron desestimados por una jueza. En otra judicatura fue desechada la acusación del MP contra el exministro Napoleón Barrientos por haber privilegiado el diálogo con manifestantes en lugar de reprimirlos violentamente. El MP pidió antejuicio contra la juzgadora.
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