La pérdida de 77 mil 300 contribuyentes registrada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el 2020, por causas muy probablemente asociadas al impacto económico de la pandemia, debe ser motivo de un estudio estratégico para determinar los factores que influyeron en esa cantidad de cierres, los cuales se encuentran precisamente en el segmento de pequeños contribuyentes, es decir comerciantes al detalle, artesanos y emprendedores.

No termina todavía la etapa de recuperación económica y aunque ya existe la esperanza de una vacuna contra el covid-19, los efectos adversos en el empleo, la producción y la inversión persisten. Hay sectores de la población cuya actividad productiva y creativa sigue fuertemente afectada por el temor a los contagios o por la restricción de recursos en los presupuestos familiares, tal el caso de las funciones artísticas, los servicios turísticos o la prestación de servicios para eventos sociales. En otras palabras, puede que haya más contribuyentes que estén al borde de la desaparición, al menos del horizonte fiscal, lo cual golpea al erario.

Los tiempos críticos deben servir para revisar el marco legal y las condiciones para el surgimiento y expansión de empresas. Durante los meses de la pandemia se ha reportado un crecimiento acelerado en la oferta de bienes y servicios por medios digitales, lo cual constituye un indicador inequívoco de que las personas buscan la manera de agenciarse de fondos y adaptarse a los desafíos. Es imperativo que el Estado provea a los ciudadanos de las facilidades para regularizarse fiscalmente, no solo para recaudar impuestos, sino para que puedan tener acceso a programas de incentivos, capacitación y alianzas productivas.

La pérdida de tributantes no le conviene a nadie, pues no es que las personas dejen de existir, de trabajar o de producir, sino simplemente se mueven hacia el campo de la informalidad, en el cual resulta imposible llevar un seguimiento de ingresos, gastos o crecimiento. Existen miles de guatemaltecos que a diario se ganan la vida en las calles, lo cual es comprensible e incluso admirable. No obstante, se encuentran expuestos a grupos dedicados al contrabando que se aprovechan de su necesidad para distribuir productos que no han pasado por los debidos controles de calidad o salubridad.

Es necesario continuar con la modernización en el registro de empresas, sobre todo de las micro o pequeñas, a fin de reducir la tramitología, que continúa siendo excesiva en comparación con otros países, con mejores tasas de competitividad. Mayor facilidad para la regulación de pequeños emprendedores, con tasas impositivas acordes a su nivel socioeconómico, podría ofrecer mejoras sustantivas en la recaudación, ampliación de la base tributaria y proveerles de un mayor acceso a créditos para inversión, consumo o vivienda, como beneficio colateral.

Por su parte, el Ministerio de Educación debe trazar la inclusión de áreas formativas relacionadas con la estructura y funcionamiento de empresas, el emprendimiento, la diferenciación competitiva, manejo de capitales y una ética tributaria que produzca profesionales con visión proactiva y autogestionada. Al fin y al cabo, estas son las claves sobre las cuales se manejan todas esas pequeñas empresas que luchan por sobrevivir, que nacieron de una idea original, crecieron bajo una premisa de calidad y que ante eventos adversos están ante la disyuntiva de desaparecer o evolucionar con un espíritu de constante innovación.