Aunque Guatemala saldrá del Sistema de Integración Eléctrica de Centro América, la salida de dicho tratado llevará una década más, tiempo en el cual se deberá pagar una deuda de US$40 millones en créditos que se efectuaron para mejorar la infraestructura de transmisión e interconexión de energía. Hace dos meses, el Ministerio de Energía y Minas anunció que se denunciaba el tratado de integración debido al incumplimiento de otros países integrantes del mismo.

Si bien se trata de un tema regional, que bien podría parecer ajeno para la vida cotidiana de los habitantes, esos US$40 millones saldrán en buena parte de un traslado de costos al usuario guatemalteco de electricidad, con la consiguiente cadena de efectos en la cadena de producción. Desde ya se puede calcular el monto adicional de un centavo por kilovatio, al menos en el trimestre de agosto a octubre, destinado a amortizar el préstamo cuyo objetivo era la integración.

Es necesario atender a las razones invocadas por el Estado de Guatemala para retirarse de dicho ente regional: la falta de mecanismos de consenso para la toma de decisiones, el no reconocimiento de la Corte Centroamericana para la resolución de conflictos y la creación de un marco institucional ajeno al acuerdo marco de fundación dentro del Sistema de Integración Centroamericana. Las tres razones exhiben el mismo tipo de necedades que han imposibilitado una mayor unión estratégica en el Istmo. A pesar de sus incumplimientos, los otros países tomaban decisiones por mayoría de votos, y con ello ignoraban las quejas guatemaltecas: todo un atentado a cualquier integración, fruto de egocentrismos y miopías nacionalistoides.

El Estado guatemalteco debe aportar información puntual acerca de los intentos de mediación o acercamiento que se hayan hecho para tomar la decisión de desvincularse del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac), que llegó a contemplar mil 830 kilómetros de tendido eléctrico desde Guatemala hasta Panamá. De ser posible, se deben buscar vías de diálogo para no desechar una inversión pagada por todos los guatemaltecos.

Aunque el Ministerio de Energía y Minas ha indicado que el camino a seguir es la negociación de acuerdos bilaterales para la venta de energía, cabe plantear la posibilidad de un último esfuerzo de entendimiento, sobre todo porque en la época actual son los bloques económicos los que pueden lograr mejores eficiencias. Por otra parte, es necesario continuar con el reforzamiento de la red eléctrica nacional para asegurar un suministro competitivo, rentable y eficiente que pueda proveer energía al mejor costo posible a las comunidades. Un servicio de calidad desincentivaría los robos energéticos que hoy socavan las finanzas y la calidad del voltaje. Es necesario, además, continuar las inversiones en el crecimiento de la generación eléctrica sostenible, para ya no depender de hidrocarburos y aprovechar el potencial nacional.

Como colofón, se deben mencionar recientes apagones focalizados en algunas zonas, que representan pérdidas y costos para empresas y personas, por lo cual es necesario que la Comisión Nacional de Energía revise las causas y atienda las quejas de afectados. Tales cortes impactan en transacciones y comunicaciones en línea, lo cual redunda en costos adicionales en una economía global digitalizada. Si en todo caso hay que pagar por las inversiones, que estas aseguren un flujo garantizado de energía.