La evolución lamentable del narcotráfico en Centroamérica mezcla ambición, corrupción, política y millones de dólares que vuelan en todas direcciones como un río desbordado que cobra dimensiones apocalípticas si se le evoca como una inundación de drogas, violencia, impunidad e ingobernabilidad de enormes territorios en donde el Estado es el gran ausente y cuyas poblaciones viven sentenciadas a padecer en silencio una especie de estado de excepción ilegal impuesto por grupos que a menudo entran en pugna.

México vive todavía la escalada criminal más grande de su historia, sobre todo en los estados con litorales y fronterizos con EE. UU., a causa de la guerra de carteles, algunos de ellos fragmentados y en pugna por mantener el dominio de rutas de trasiego. Sin embargo, Centro América no se encuentra libre de este mismo tipo de disputas por corredores aéreos y terrestres. Si no, basta observar la destrucción de áreas protegidas para construir pistas de aterrizaje y fincas destinadas a la narcoganadería, según lo señalan diversas investigaciones.

A la larga el gran problema detona cuando la actividad de contrabando de drogas comienza a socavar la institucionalidad municipal y gubernamental a través de la compra de voluntades a todo nivel, las agresiones armadas en contra de autoridades y los enfrentamientos a causa de rivalidades que dejan en medio a indefensos ciudadanos. La gobernabilidad se deteriora y a menudo se hace cuesta arriba recuperarla debido a las distancias desde los centros de toma decisiones y a la poca disponibilidad de efectivos policiales o militares, los cuales deben estar dotados no solo de mucha valentía sino de una voluntad a prueba de sobornos.

La realidad siempre termina multiplicando a la ficción y como si se tratara de episodios aún no filmados de la famosa serie Narcos, el Istmo se convirtió desde la última década de 1990 en el territorio a repartir entre capos locales, algunos de los cuales purgan prisión o se encuentran procesados en Estados Unidos, tal el caso de Tony Hernández, hermano incómodo del presidente hondureño, en cuyo juicio afloraron los mecanismos utilizados por los productores sudamericanos de droga, quienes adquirieron un perfil más bajo para dejar a los centroamericanos como cabeza de playa.

Desafortunadamente, esta clase de personajes ha contado eventualmente con la connivencia de autoridades, las cuales pierden el rumbo de la gestión que les fue encomendada y procuran proteger a sus patrocinadores, en una simbiosis que resulta muy peligrosa para los Estados, al punto que llegan a camuflarse como personas políticamente correctas que incluso tienen aspiraciones muy altas, tal el caso del excandidato presidencial y fundador del partido Unión del Cambio Nacional, UCN, Mario Estrada, quien ya participaba normalmente en la contienda cuando fue detenido bajo señalamientos de narcotráfico, cargos por los que fue condenado por un tribunal de Nueva York a 15 años de prisión inconmutables.

Mantener constantes controles sobre el actuar, ingresos y bienes de funcionarios de seguridad no es paranoia sino una necesidad para vacunar al sistema de infiltraciones y conflictos de interés. Reforzar la vigilancia de trazas aéreas y pasos ciegos fronterizos constituye una estrategia urgente para prevenir males mayores, en el contexto de un producto ilícito cuya demanda y precios lo mantienen como tentación permanente.