Nada benigno se puede esperar de un congreso remolón para cumplir con importantes deberes como la elección de magistrados de Cortes —que hoy cumple 13 meses de atraso—, apático para revisar sus gastos y entrar en un proceso de austeridad, pletórico de alianzas aviesas para cultivar clientelismos de doble vía, al mejor estilo de los diputados depurables de 1993. A este nivel ha llegado la ausencia de un liderazgo ético, la falta de una agenda de legítimo interés nacional y la incapacidad del máximo representante de la unidad nacional para exhortarlos a enmendar el camino, pero anuente a reunirse a espaldas de la ciudadanía para negociar agendas de limitado beneficio.

Nada bueno se puede esperar del nuevo intento por acabar con una de las pocas vías disponibles para la fiscalización del Estado: la Ley de Acceso a la Información Pública, creada en 2008 y que con todo y sus bemoles ha servido para poder exigir respuestas, documentos, contratos y registros de lo actuado al interior de dependencias de gobierno, entidades descentralizadas, Congreso y Organismo Judicial.

Es por ello tan sospechosa la iniciativa 5792, presentada por el diputado Alejandro de León Maldonado —ex Une, ex Líder, ex Reformador y actualmente integrante de la bancada Podemos—, mediante la cual se pretende burocratizar todavía más el acceso a la información pública a través de la creación de un instituto, supuestamente independiente, pero cuyo encargado debe ser designado por el mismo Congreso —y que puede ser destituido por mayoría simple, según dice la iniciativa—, con lo cual es evidente la intención de centralizar esta función, a fin de manejar antojadizamente qué información dar y cuál vedar, según los pactos de turno.

Nada creíbles son los pretextos para vender este adefesio burocrático, pues invocan “recomendaciones” de organismos internacionales en materia de transparencia. Tal razonamiento cae por su propio peso, debido a que existen otras sugerencias técnicas de primer orden, en áreas tan importantes como el combate de la desnutrición, el fomento del gobierno electrónico o el fortalecimiento de la lucha anticorrupción, que son ignoradas sin vergüenza alguna por bancadas completas.

Con todo y sus defectos, el actual mecanismo para obtener información pública ha funcionado porque obliga a todas las entidades del Estado a contar con unidades para la atención de los requerimientos de ciudadanos, a publicar informes de gastos y puestos —que no siempre tienen el detalle o la actualidad suficientes— y a entregar los datos requeridos en un plazo máximo fijado en ley. Para reforzar esta labor de cuentadancia, se creó una Secretaría de Información Pública adscrita a la Procuraduría de Derechos Humanos, una entidad incómoda para actuales y anteriores diputados, lo cual podría explicar el repentino y oficioso interés por retirarle este papel de fiscalización.

Es probable que el modelo actual es mejorable, pero no bajo uno tan truculento. Es obvio que una vez bajo potestad de algún servil allegado a los diputados, la Información Pública se convierta en rehén de la politiquería y las solicitudes se transformen en alertas sobre investigaciones periodísticas o de entidades de fiscalización. Si en verdad el Congreso quiere exhibir transparencia, que comience hoy mismo la elección de magistrados de Cortes a viva voz y de cara a la ciudadanía, en lugar de intentar robar uno de los pocos espacios de auditoría ciudadana.