Las duras experiencias, decepciones y sucesivos fiascos gubernamentales han generado, a fuerza de dolorosa repetición, un mayor espíritu crítico en la ciudadanía orientado a la auditoría social de desempeño de cargos públicos. Aun así, alcaldes, diputados —sobre todo distritales— y funcionarios de todo nivel pretenden sorprender a la población mediante un abultado botín de proyectos electoreros embutido en el desfinanciado y antitécnico presupuesto de gasto del 2023.

Piensan estos personajes que todavía viven en la década de 1980, cuando no había tantas y tan fluidas redes de comunicación horizontal entre los vecinos y las comunidades, así como medios de prensa independientes que refieren los incumplimientos. Son obvios y siempre evidentes los chapuceros remiendos en puentes a pocas semanas de la etapa electoral, las farsas de asfalto en ciertas carreteras o los proyectos parados durante tres años y que de pronto, por arte de magia, se aceleran para tratar de inaugurarlos antes del 25 de enero.

En este sentido, es una vibrante muestra de inepcia el pretendido bolsón de obras municipales para que, supuestamente, los alcaldes afines al oficialismo intenten cautivar la preferencia de sus pobladores. No faltarán los trucos de comprar el voto con unos platos de comida o de hacer jurar a la gente que apoyará a tal alcalde y que este podrá apropiarse y endosar tal preferencia. Todos los oficialismos lo han intentado y se han estrellado contra la realidad de las urnas, que suele contradecir a las roscas de aduladores, a las lisonjas de financistas y a las irrealidades pintadas por allegados de turno. Es complicado que en apenas siete meses y tres días, plazo de hoy hasta las elecciones, se ejecuten con eficiencia los Q4 mil millones del bolsón presupuestario que un combo de alcaldes acudió a aplaudir el 10 de noviembre en el hemiciclo. Los proyectos que no emprendieron en sus primeros 30 meses de administración difícilmente se concretarán bien o a tiempo.

Para acelerar el dispendio existían dos atajos: uno era la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones, cuya iniciativa fue presentada por la Presidencia el 21 de septiembre último. Su debilidad estriba en su excesivo afán por dar concesiones al gasto, tanto en compra directa como en licitaciones, en detrimento de la fiscalización y la supervisión de la calidad de obras. La estratagema generó reclamos de la ciudadanía, institutos de análisis y del sector económico.

Se activó un plan B: efectuar una reforma a la norma vigente para ampliar el monto de compras directas permitidas a alcaldes, de Q90 mil a Q2 millones, es decir, asignaciones a dedo, sin concurso. Pasó en primera lectura bajo un aluvión de críticas; una erosión para la alianza oficialista, que anunció la suspensión de su aprobación. Pero el solo intento pesa ya sobre quienes lo avalaron. Y al  no existir vía exprés para el gasto   electorero, habrá predecibles disensos y rupturas.

Para que la obra pública tenga calidad, oportunidad y probidad, requiere de una planificación eficiente e integral. La ciudadanía lo sabe y lo nota: proyectos de última hora a estas alturas del período de gobierno son sospechosos, sobre todo cuando se incurre en prácticas como el otorgar la supervisión de una obra a una empresa sin experiencia, como ocurre con el proyecto del Puente Belice 2. Hoy hubo capturas de exempleados del Ministerio de Comunicaciones por corrupción en el gobierno anterior, una prueba de que la probidad no es un accesorio, sino una imperiosa necesidad para la gestión de obra pública de calidad.