Los nombres han cambiado: primero eran comedores solidarios, después eran comedores seguros, posteriormente se tornaron en comedores populares y actualmente son comedores sociales. Igual han variado los proveedores de los desayunos y almuerzos distribuidos, así como los costos sufragados. Han variado los locales, en espacios usualmente alquilados, cuya asignación también cambia de un gobierno a otro. Lo que no varía es el afán por presentarlos como panacea, pese a que cada plato servido se encarece además por el pago de personal, utensilios desechables y hasta vigilancia privada.

Según trabajadores del Ministerio de Desarrollo, a diario se gastan Q900 mil en los comedores sociales, cifra que sin duda se incrementará de llegar a concretarse el plan gubernamental de crear otros cien locales en todo el país. La idea es vieja y su ejecución carece de innovación, pero sobre todo de resultados en la reducción de desnutrición —pues no se ubican en localidades donde este problema es agudo—; es lógico sospechar de un fin clientelar para tal expansión en año preelectoral.

Aún hay más. A las anteriores contradicciones se suma una mayor: el incalculable costo de oportunidad que significa quitarle fondos a otros programas de desarrollo de mediano y largo plazo, más lentos, pero de efectos más profundos. Se privilegia una acción inmediata, cuyo precio real no se promociona, aunque las noticias sobre gastos adicionales también se cuentan. Se quitaron Q24.8 millones a la prevención de violencia en jóvenes, Q149 millones a construcción de infraestructura de salud y Q141 millones a la construcción de plantas de saneamiento de aguas, todo para pasarlo a los publicitados comedores.

Nadie está en contra del auxilio al prójimo, de la asistencia al necesitado y de la provisión de alimentos a guatemaltecos de escasos recursos económicos. Pero utilizar ese principio de caridad para justificar el dispendio de millones de quetzales en la implementación y operación de un programa tan oneroso resulta un despropósito y un fracaso anticipado. No porque lo digamos nosotros, sino porque el mismo fiasco se ha repetido en tres períodos gubernamentales anteriores, con la misma finalidad propagandística, los mismos conflictos de interés y poco impacto en el desafío de fondo.

Funcionarios tras funcionarios detrás de los comedores multinombre se han roto las vestiduras al ser criticados por la poca eficiencia del gasto y el descuido de proyectos sistémicos. Existen múltiples fundaciones y organizaciones laicas, apolíticas o de denominaciones religiosas a las cuales se podría hacer aportes para la provisión de alimentos a personas necesitadas, con mayor alcance y costos menores. Los diputados que avalaron los recortes y transferencias del Mides mejor hubieran endosado los fondos que usan para degustar viandas, tomar café y pastelillos a costa de la ciudadanía.

Se necesita de proyectos productivos comunitarios para no dar el pez, sino enseñar a pescar, parafraseando el adagio oriental. Es urgente el apoyo para retomar el programa Crecer Sano, financiado por el Banco Mundial, y ampliarlo. Desgraciadamente, a muchos politiqueros no les interesan planes como ese, porque tienen estrictas reglas de transparencia que no dejan espacio a la coima o al amaño. Aún es tiempo de trazar otro futuro para esa niñez con desnutrición crónica, que ni siquiera ha sido identificada y cuyas necesidades van más allá de una ración en plato desechable de costo ignoto.