En un auténtico círculo vicioso y cada vez más caro se han convertido los desfasados reclamos de indemnizaciones reclamadas por personas que afirman haber prestado servicio militar durante el conflicto armado interno. Se desconoce a ciencia cierta quiénes son los autores intelectuales de este tipo de movimientos, que colocan como carne de cañón a supuestos exsoldados, y se dice supuestos porque el Ministerio de la Defensa no ha presentado públicamente las nóminas que así lo acrediten, y aún si así ocurriera, ello no implica, obliga ni compele a ceder al reclamo.

“En la protesta, los inconformes exigían Q20 mil por cada persona, como indemnización por haber trabajado a favor del Estado durante el conflicto armado interno”. Parece un informe de ayer pero es una nota del 19 de junio de 2002, referente a los bloqueos de carreteras y acceso a aeropuertos que durante dos días mantuvieron grupos de expatrulleros civiles en demanda de un pago, reclamo que regresó varias veces en perjuicio de la actividad económica y de la locomoción de cientos de miles de guatemaltecos que fueron perjudicados impunemente.

Fue el régimen del Frente Republicano Guatemalteco el que tácitamente acicateó esta pesadilla desde 2002, quizá con la imprudente creencia de que tal apoyo clientelar se convertiría en votos al extinto general Efraín Ríos Montt, fundador del partido, también extinto por los desmanes de corrupción cometidos y cuyos herederos ideológicos se han transmutado bajo otros signos. Hoy el reclamo se ha sextuplicado a Q120 mil por persona, una cifra irrisoria, que en masa podría significar hasta Q30 mil millones, por no mencionar la pérdida económica, logística y comercial vivida en estos dos últimos días.

Lo más lamentable es que haya diputados politiqueros que en lugar de hablar con la verdad y con la ley, adoptan poses histriónicas de falsa dignidad y fingido interés para luego querer venderse como facilitadores del injustificado desembolso, que adquiere visos de extorsión porque para conseguirlo se amenaza con damnificar a la ciudadanía productiva. Desde 2002 se han reproducido camadas de tales merolicos de la demagogia que apañan ilegalidades.

Es llamativo que la vigilante administración del Ministerio Público tampoco emprenda una investigación en contra de las flagrantes amenazas de actos terroristas como la de “desmoronar puentes” o desatar una guerra proferidas por los exmilitares, las cuales merecen rechazo cívico pero también una pesquisa sobre su posible carácter sedicioso, que excedería lo amparado en la ley de emisión del pensamiento. Además el inciso 4 del artículo 388 del Código Penal considera como sedición: “Ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública”. Quizá la tardanza se deba a que el MP aún se está reorganizando después de la ruleta de sustituciones y traslados, porque no existe justificación para dejar pasar tan peligrosas amenazas.

En todo caso, no hay argumentos técnicos ni jurídicos que avalen un pago arbitrario y extemporáneo por una actividad que ya fue remunerada. Los medios para intentar su obtención son ilícitos porque son por coacción y afectan a la mayoría de la ciudadanía, que sería la sufragante del egreso. Las comunicaciones entre dirigentes de este movimiento deben ser objeto de investigación para detectar sus filiaciones reales. Y los políticos que apoyen o faciliten estas pretensiones deben darse cuenta de que serán cómplices accesorios de amenazas terroristas a cambio de unos votos hipotéticos.