Se dividen las opiniones sobre el traslado de cuatro fiscalías al control de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales (FCDT), la cual fue creada hace nueve meses para el combate de delitos que impactan en Guatemala, pero cuyas ramificaciones van más allá de las fronteras. Desde cierta perspectiva, parece lógico unificar recursos en favor de objetivos estratégicos que involucran la cooperación con otros países y organismos internacionales. Sin embargo, desde otra óptica, se puede correr el riesgo de concentrar potestades de investigación, lo cual en algunos países ha devenido en “zares” a cargo del combate de delitos que corren el riesgo de ser coludidos por mafias o simplemente rebasados por el número de casos y líneas de investigación.

Es necesario señalar que no se cuestiona la existencia en sí misma de la FCDT, sino los mecanismos mediante los cuales traslada sus hallazgos y acciones a la Fiscalía General, así como la directrices emanadas desde esta hacia las áreas específicas de tarea, cada una de las cuales tiene grandes desafíos y cuyos nombres hablan por sí solos: la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u Otros Activos y Delitos contra el Orden Tributario (UNILAT); la Unidad de Investigación Criminal Transnacional; la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos, y la Unidad Especial Antipandillas.

Otra preocupación expresada por juristas e instituciones es el factor de discrecionalidad en la asignación de casos que podrían ser llevados por otras fiscalías con mayor especialización. Un ejemplo es la investigación de una denuncia interpuesta por la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre un supuesto complot para cambiar el régimen de compras para favorecer a determinados proveedores, que más apunta a un tema de corrupción, por lo cual antes lo tenía la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero luego fue trasladado a la FCDT, que en todo caso debería aportar resultados sobre las pesquisas muy pronto.

El exembajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, en sus últimas entrevistas habló favorablemente del trabajo en equipo y la amplia colaboración de la fiscal general Consuelo Porras; por eso mismo resulta llamativo que haya sido el 1 de octubre, prácticamente cuando Arreaga ya estaba por salir del país, que se anunciaran oficialmente los cambios de la FCDT. Por supuesto no es que el MP dependa del aval de EE. UU. para sus decisiones, pero debido a su naturaleza, esta superfiscalía tiene conexión con agencias de investigación estadounidense, sobre todo en materia de narcotráfico y lavado de activos, ilícitos de múltiples ramificaciones, implicaciones y riesgos para la seguridad nacional, regional y hemisférica.

Serán los resultados los que hablen de la conveniencia de la reestructuración. Guatemala está en la mira de grupos del crimen organizado internacionales por su posición geoestratégica. Las trazas de vuelos ilegales se han multiplicado a causa de la efectividad de operaciones navales en el Pacífico para interceptar cargamentos de droga. Las tierras bajas de Petén se han convertido en escenario de aterrizajes de aeronaves furtivas que resultan ser aviones desechables, lo cual refleja la dimensión de las ganancias generadas por sus cargamentos. Como bien lo señaló Arreaga, es difícil no sospechar de la complicidad de ciertas autoridades venales. Pero de ser así, merecen recibir todo el peso de la ley por traicionar sus juramentos y obligaciones. Si la ahora superfiscalía logra hacer esto, habrá demostrado su utilidad.