Mucho se ha discutido en torno al alcance de las potestades de una comisión postuladora, para cualquier cargo por elegir mediante tales cuerpos colegiados: desde aquellos personajes —o patrocinadores y allegados— con señalamientos, ya sea locales o internacionales, que intentan pasar por impolutos hasta la legítima expectativa ciudadana de que constituyan un filtro de calidad, un mecanismo de selección de perfiles idóneos y no un cuerpo validador de nulidades o, peor aún, de mediocridades con recomendación.

Con cada comisión integrada se han señalado vulnerabilidades y aspectos por mejorar. Todo es perfectible, pero no hay que perder de vista el espíritu de la ley que las creó: se reúne a decanos universitarios como representantes de la constante aspiración a la excelencia. Por lo tanto, están obligados a un ejercicio en el cual prevalezcan la responsabilidad, la búsqueda constante de calidad en el desempeño profesional y alta exigencia legal, así como coherencia entre valores declarados y acciones pretéritas.

Respecto del proceso de evaluación de perfiles para elegir a la persona que se desempeñará al frente del Ministerio Público en el próximo período legal se pueden señalar dos fallas que aún pueden ser subsanables si se afrontan de manera colegiada y con fundamento en los criterios enumerados en el párrafo anterior: el primero es la percepción de poca exigencia durante la etapa de entrevistas con los aspirantes. Quizá se trató de no dar impresión de favoritismo o animadversión hacia ninguno de los candidatos, pero de todos modos terminan generándose dudas metódicas sobre la veracidad de las afirmaciones hechas durante las exposiciones de cada uno de los contendientes.

El segundo problema es la ambigüedad acerca del peso que tendrán las objeciones planteadas en contra de algunos candidatos, que tuvieron la oportunidad de presentar argumentos de descargo. La postuladora no debe tener miedo alguno en excluir, por voto mayoritario, a aquellas figuras que no hayan conseguido desvanecer las dudas, ya sea por temas legales o éticos. No hay ley que no esté fundamentada en un valor y, por ende, en esta evaluación también cuentan las faltas, las omisiones o las dudas sobre la integridad. Para eso se reúne a los líderes de las facultades de Derecho. La exclusión de la nómina no es una acusación penal ni un demérito en sí misma, sino una decisión de búsqueda de excelencia en favor de Guatemala.

Los apoyos de cada comisionado son públicos y por tanto reflejan la postura de la casa de estudios a la que representan. Sus votos no son un gusto personal sino una proyección del credo universitario. Si bien se ha señalado que algunas de las instituciones participantes fueron creadas con el fin específico de tener acceso a comisiones de postulación, a nadie le conviene apoyar a aspirantes vinculados con agendas parcializadas o conexos con grupos que procuran impunidad o que pactan con la corrupción.

Esta semana comienza la etapa de ponderaciones numéricas de los candidatos a dirigir el MP del 2022 al 2026. Tales calificaciones no pueden ni deben eludir las “tachas” que no hayan sido debidamente desvanecidas, ya sea como un impedimento para continuar o como una penalización en los puntos por obtener. Así también es imperativo establecer, como la lógica lo indica, que la nómina de aspirantes salga de las seis notas más altas, pues de lo contrario todo queda a merced de veleidades y pactos aviesos.