La legislación guatemalteca establece actualmente procesos de postulación, mediante comisiones ad hoc, a fin de seleccionar a los profesionales idóneos para cargos de fiscalización pública, tales como la jefatura del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos o las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema y salas de Apelaciones. El proceso delega la evaluación de los candidatos en los decanos de carreras afines como máximos representantes de la aspiración a la excelencia académica y profesional. Al inicio había pocas facultades de Derecho, pero con el paso del tiempo surgieron otras casas de estudios, algunas con auténticos principios de aporte educativo pero también existen unas que solo buscaron introducir alfiles manejables en los procesos de postulación e incluso las hay vinculadas directamente con diputados, lo cual confirma el obvio fin de influir en procesos que deberían ser apolíticos.

En todo caso, se trata de una rémora actualmente inevitable, pues todo es “legal” para este tipo de alambiques de influencia. También es necesario señalar que, en todo caso, se espera de los decanos de Derecho de la mayoría de universidades tengan una participación profesional ética, digna y alejada de conflictos de interés. Las decisiones de las postuladoras se toman por votación mayoritaria, lo cual ya constituye, de alguna manera, un antídoto contra los patrocinios maliciosos.

Otorgando el beneficio de la duda a todos los integrantes de la actual postuladora para jefe del MP, resta aún una contradicción procedimental, que se analizará más adelante, tras remarcar que el objetivo de este cuerpo colegiado es definir una nómina de seis perfiles con la mejor trayectoria, desempeño profesional y reconocida honorabilidad.

La Comisión acordó una tabla de gradación sobre 100 puntos: 65 por calidad profesional, 30 por formación académica y 5 por proyección humana. Quedan excluidos quienes hayan representado o asesorado a señalados del crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión, corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos, sobre todo que los hayan apañado desde algún cargo. Por esta razón han sido rechazados 12 perfiles que pueden presentar descargo.

Los postuladores harán entrevistas, revisarán expedientes, cargos, títulos profesionales y carencia de sanciones o conflictos de interés. Con base en ello, cada candidato recibirá un punteo. Es obvio que las notas más altas reflejan mejor perfil, y es allí donde figura la contradicción: cuando se elabora la nómina final, según procesos anteriores, vienen las maniobras para ampliar el rango de punteos admisibles. En lugar de definir entre los seis perfiles con mayor nota, comienza un bingo de preferencias, una lotería de allegados, un sorteo de colados, que a menudo deja fuera a profesionales mejor ponderados y, a la larga, hace del proceso un cascarón formalista.

Es como si en una clase universitaria perdieran el curso estudiantes con buenas calificaciones y aprobaran los que no lograron reunir suficiente zona, que no ganaron el examen final o, peor aún, copiaron trabajos de otros compañeros para hacerlos pasar como propios. Si por ley la designación de la siguiente cabeza del MP le corresponde al presidente, debe elegir no entre conocidos o allegados, sino entre la lista de los mejor evaluados por los decanos de las carreras de Ciencias Jurídicas, cuyos postulados de existencia y funcionamiento proclaman la aspiración a un estado de Derecho, nada menos.