Editorial
Postuladoras trabajarán bajo constante auditoría
Durante su juramentación en el Congreso de la República, los integrantes de las comisiones deben repasar el significado de cada una de las frases que pronuncien con la mano en alto.
La secuencia de recursos legales con diversos argumentos —entre espurios, improcedentes y hasta rocambolescos— para tratar de impedir la integración de las comisiones postuladoras de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones refleja el pavor y la desesperación de ciertos grupos habituados a las aplanadoras de allegados y a los tratos amarrados a espaldas de la ciudadanía en oscuros corros, en salones privados de restaurantes o incluso en habitaciones de sanatorio. La Corte de Constitucionalidad, por elemental lógica jurídica, ha rechazado tales adefesios.
Para esta semana se espera la juramentación de los miembros de las comisiones de postulación, integradas por decanos universitarios de Derecho, representantes de magistrados de Apelaciones y delegados del Colegio de Abogados electos proporcionalmente por voto de los agremiados. En este último proceso hubo derroche de recursos, no necesariamente reportados, y subrepticios apoyos de entes estatales que se disfrazaron como campañas de capacitación que en efecto eran, como su nombre lo indica, campañas. Pero la alta participación en las votaciones condujo a una configuración plural de los comisionados, que obliga al diálogo —como en toda democracia— y dificulta la imposición de perfiles no idóneos, sobre todo porque la ciudadanía está más atenta que nunca al proceso.
Fueron duras y rudas lecciones del proceso de designación de magistrados de 2014 y 2019, así como desatinos y discrecionalidades registradas entre 2019 y 2023 por la permanencia conveniente de la Corte Suprema definida por el contubernio de los nefastos y extintos partidos Patriota y Líder. El oficialismo previo eludió la elección de magistrados con pretextos chambones que quedaron al descubierto en 2023, cuando eligió titulares por orden de la CC.
Las invocaciones a la intervención de entidades supranacionales son la última e insólita moda de los recursos que intentan frenar un proceso que, con todo y sus polémicas, ha transcurrido bajo constante observación pública. La atención de institutos de investigación, organizaciones civiles, gremios profesionales, prensa independiente y ciudadanos es decisiva. En todo caso, la Organización de Estados Americanos también es observadora del proceso. No hay lugar para los secretismos de hace una década. Cabe recordar cómo la elección de dos representantes de rectores, para presidir sendas comisiones, se efectuó de manera pública en el Salón del Pueblo del Congreso de la República, pese a una necia propuesta de hacerla a escondidas.
El trabajo de las postuladoras de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones exigirá un alto sentido crítico y d un fuerte compromiso cívico, no con grupos ni operadores caducos o traficantes de influencias. Que siguen los intentos de repetir las componendas pasadas es evidente, y ya como medida desesperada tratan de descarrilar o generar dilaciones maliciosas al proceso.
Durante su juramentación en el Congreso de la República, los integrantes de las comisiones deben repasar el significado de cada una de las frases que pronuncien con la mano en alto. No se trata de un acto de trámite ni de una mímica para llenar un requisito. Adquieren una responsabilidad pública con la democracia y la institucionalidad del país, para poder llevar finalmente al sistema de justicia a un nuevo estadío de desarrollo, eficiencia y servicio. No faltarán presiones tercerizadas u ofrecimientos, pero es porque se está ante un nuevo capítulo de la construcción del estado de Derecho. En ese sentido, la auditoría cívica es su mejor aliada.
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