Los primeros días de funcionamiento de la comisión postuladora para la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones han transcurrido entre la discusión de un cronograma que ya corre contrarreloj, de cara al 13 de octubre próximo, cuando termina el período de los actuales magistrados, quienes, de acuerdo con las previsiones actuales, tendrían que continuar en sus cargos al menos dos meses extra y con la incertidumbre de si será la actual legislatura o la próxima la que finalmente elegirá a los nuevos titulares.

El amargo sabor a contubernio que dejó la elección de 2014, que fue urdida por un pacto entre los ya extintos partidos Patriota y Líder, es una lección histórica que no debería repetirse ni posibilitarse. A la fecha constituye un vergonzoso precedente aquella entrevista secreta entre un congresista, un abogado y una magistrada a quien le ofrecían la continuidad en su cargo a cambio de beneficiar a la entonces exvicepresidenta Roxana Baldetti. Tal entuerto fue resuelto valientemente por la jurista, que denunció el hecho e incluso renunció al cargo para quedar libre de cualquier señalamiento.

Queda claro también que el sistema de postuladoras integradas por decanos de Derecho ha quedado rebasado, al haberse convertido en un incentivo para la creación de algunas universidades con escasas carreras para simular la creación de una conveniente facultad de Derecho, a fin de tener boleto de entrada a este cuerpo colegiado de selección. La multiplicación de delegados de postulación no ha garantizado la calidad ni la altura de la discusión sobre idoneidad. Prueba de ello es la oposición expresada por varios de los decanos a la inclusión de criterios de honorabilidad, ponderación de coherencia ética y exclusión de profesionales conexos con personas o grupos del crimen organizado, que pueden llegar a generar serios conflictos de interés a la hora de desempeñar una magistratura.

Las excusas legalistas para apañar criterios laxos abundan y hasta pueden sonar lógicas, pero en el plano de la impartición de justicia es claro que se necesita contar con personas íntegras, de intachable hoja de vida y trayectoria profesional libre de señalamientos. Tales exclusiones no constituyen prejuicio, sino una alta exigencia ética necesaria para afrontar los retos del sistema de justicia guatemalteco, que se encuentra permanentemente bajo el asedio de sectores que buscan infiltrarse para mover influencias, sobre todo en casos que involucren a exfuncionarios o correligionarios.

Ya sea que la elección final quede en manos del actual o del próximo Congreso, es vital la conformación de listados depurados para evitar que se den casos de magistrados depurables, tal como ocurrió con la actual CSJ. De nada sirve asignar altos punteos a aspectos académicos que no tengan respaldo o valorar una supuesta proyección humana cuyos efectos no sean comprobables.

Empecinarse en conformar una lista mediante los métodos disfuncionales precedentes solo pone al OJ en riesgo de continuar en el marasmo y a merced de juegos de presión. Los postuladores pueden y deben comenzar la transformación que le fue denegada al pueblo de Guatemala por todos aquellos personajes y sectores que bloquearon las reformas al sector justicia mediante pretextos y dilaciones. Desde ya se hace necesario trazar parámetros altos de valores para poder perfilar los cambios pertinentes para futuros procesos.