Las palabras pueden constituir un elocuente testimonio o bien un férreo acusador, según se cumpla o no con ellas. El mandatario Alejandro Giammattei dijo en su discurso de toma de posesión, el 14 de enero de 2020: “Ahora quiero hablarles a los corruptos. Sí, ellos saben quiénes son. Ellos, los que han sangrado al Estado guatemalteco a través de la corrupción. Hoy les digo, se acabó la fiesta del despilfarro… Dejemos atrás esas prácticas sucias y asquerosas, porque les digo algo, la lucha contra la corrupción va a ser absoluta”.

El ofrecimiento fue pronunciado hace 503 días, pero es oportuno recordarlo justo a las puertas de una decisión que lo refrendará o lo desmentirá: avalar o vetar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado efectuadas por el Congreso el 29 de abril último, mediante una sorpresiva moción, con nocturnidad y sin discusión previa, solo para congraciarse con un grupo de alcaldes. Para la alianza oficialista pesaron más los intereses clientelares que la construcción de una mayor transparencia. El presidente puede corregir tal despropósito.

Son demasiados los parches que acumula la actual Ley de Contrataciones y no precisa de uno más, peor aún si se trata de una chapuza artera que solo aumenta los espacios para la discrecionalidad, las compras con dedicatoria y los gastos sin adecuada fiscalización. Si en efecto los congresistas querían aportar una transformación funcional, moderna y centrada en el bien de la Nación, debieron escuchar a todos los sectores involucrados, trabajar sobre un contexto de gobernanza digital, con cuentadancia, totalmente factible con los actuales avances tecnológicos, y plantear una iniciativa integral y visionaria. Sin embargo, optaron por la miopía.

Aumentar de sopetón el rubro denominado “compras de baja cuantía” de Q25 mil a Q100 mil no solo contradice el concepto mismo de tal nombre, sino que se convierte en una herramienta útil para el dispendio, tanto en municipalidades como en cualquier dependencia del Estado. Fue tal la torpeza del manipuleo, que no dimensionaron el perjuicio que podría ocasionar su incuria a todo el erario.

Por si fuera poco, el renglón de “compras directas”, es decir sin efectuar concurso ni licitación, fue elevado de Q90 mil a Q200 mil, supuestamente para agilizar proyectos municipales, y es esa la razón por la cual se alude al discurso de Giammattei. El presidente del Congreso arguyó como justificación para los cambios inconsultos que se trataba del cumplimiento de una promesa del mandatario.

En el último mes, las críticas a tal reforma han sido reiteradas y el pedido de veto, unánime. Sectores ciudadanos, académicos y empresariales coinciden en remarcar que los criterios para reglamentar compras no se pueden guiar únicamente por montos, mucho menos por conveniencias politiqueras. Se debe crear todo un sistema del fortalecimiento del registro de proveedores, la obligatoriedad de factura electrónica y, sobre todo, mejorar la sistematización de información pública en cuanto a compras, contratos y plazas en tiempo real. Escuchar a todos los sectores fue también un compromiso aquel 14 de enero. “¡Caminemos juntos! Fuerzas vivas de todos los sectores y de todos los lugares del país. ¡Caminemos juntos!… ¡Caminemos juntos más allá de banderas partidarias o ideológicas! ¡Caminemos juntos sin egoísmos sectoriales o de grupo!”, dijo el presidente. El decreto 4-2021 causa más daño que beneficio. Debe cumplir con su ofrecimiento inaugural y vetarlo.