Con una oficiosa celeridad, que desata sospechas a causa de componendas anteriores, se aprobó el martes último el decreto 7-2019, más conocido como Ley ganadera, que establece una tasa tributaria especial para ese sector económico, lo cual en sí suena como un objetivo necesario y urgente, pero que tal como está formulada entraña posibles ilegalidades y beneficios recetados a conveniencia, lo cual explicaría en parte la súbita aprobación.

La Cámara de Comercio de Guatemala se pronunció en contra de dicha norma, puesto que crea inusitados privilegios fiscales, lo cual a su vez puede originar brechas en la recaudación y dañar la moral tributaria de otros sectores. Por su parte, la Superintendencia de Administración Tributaria señaló que no hubo discusiones técnicas para que ese régimen encajara con todo el sistema fiscal y, por lo tanto, puede generar discordancias graves.

De un plumazo, los diputados —entre los cuales hay varios con negocios ganaderos o tienen entre sus allegados o financistas a personas dedicadas a ese rubro— se recetan un pago de 5% de impuesto al valor agregado y exoneración del impuesto sobre la renta hasta por Q3 millones. Las acciones legales son previsibles para cuando se publique ese decreto, pero desde ya los empresarios organizados solicitan al presidente que vete la ley, a fin de desarrollar una nueva discusión legislativa, no solo en ese campo, sino eventualmente para lograr un replanteamiento del sistema fiscal. Obviamente, para ello no alcanzarán los escasos tres meses que le restan al período ordinario de sesiones, y cualquier convocatoria a plenarias extraordinarias desataría sospechas de intercambio de favores y conflictos de interés.

La Cámara de Industria de Guatemala también resaltó que la creación discrecional de un régimen especial con tasa reducida sienta un precedente nefasto, y de no ser derogada esta ley, se constituirá en un foco de confusión y descontento que abrirá polémicas tributarias y hasta intentos de cambio de régimen entre contribuyentes ya establecidos. Ciertamente, es necesario que la industria ganadera y cárnica deje de estar en la informalidad, por el propio beneficio de los empresarios que pertenecen a ese importante rubro. La bancarización de sus cuentas y la auditoría fiscal son vitales para frenar a los grupos de narcoganaderos que se aprovechan de la ausencia de un régimen específico, no solo con fines de lavado de activos, sino incluso para ocultar robos de ganado en pie.

La transparencia tributaria también pasa por los mecanismos de discusión, cabildeo y aprobación de normativas, por lo cual no es recomendable desarrollarlas con dedicatorias a favor o en contra, ni bajo criterios casuísticos o parcializados. Lamentablemente, a pesar de los constantes reclamos de la ciudadanía, los diputados llegan a creerse dueños del cargo y no representantes de la población.

Cabe recordar que aún se encuentran pendientes de discusión y aprobación leyes de tanta o mayor importancia, pero los diputados ni siquiera se molestan en colocarlas en agenda. Entre ellas destacan las leyes de aguas, de infraestructura, de competitividad e inversiones, de alumbrado público, de servicio civil o las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, pero es muy probable que tales propósitos rebasen la capacidad técnica, intelectual y política de los legisladores actuales, de los cuales 110 saldrán del Congreso en exactamente 110 días.