El Consejo de la Carrera Judicial ha adquirido una llamativa celeridad en la tarea de evaluación de jueces y magistrados que aspiran a pertenecer a las próximas Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, lo cual sería digno de los mayores elogios si no existiera la creciente percepción de que las entrevistas, de 15 minutos cada una, son solo una interacción casi de trámite y que la premura podría conducir a que sea el Congreso saliente, desgastado, cuestionado, de deficiente producción y cuya mayoría no fue reelecta precisamente a causa de estos factores, el que elija.

Además, la tabla de calificación utilizada resulta muy abierta a la condescendencia y se prevé que prácticamente todos los evaluados superen la nota mínima, en nombre de una supuesta ecuanimidad y agilización del proceso; sin embargo, esto también abre la puerta a los listados a jueces y magistrados que han sido sujetos de cuestionamiento por el talante de sus fallos y acciones. Si bien el CCJ estuvo impedido durante años para ejercer esta supervisión, a causa de bloqueo por parte de la Corte Suprema de Justicia y, por ende, no hay referentes previos para la evaluación, tampoco debería utilizarse este argumento para validar criterios complacientes.

Curiosamente, este riesgo parece no preocupar ni siquiera a sectores que han sostenido una fuerte fiscalización sobre los actuales diputados; han permanecido prácticamente en silencio respecto de esta situación, mientras se avanza en las evaluaciones y calificaciones de expedientes. Para ellos es preferible que camine este inédito proceso de evaluación gremial a que continúe la extensión de funciones de los magistrados que debieron entregar sus cargos el 13 de octubre pasado.

El problema no es la rapidez en sí, sino la posible falta de rigor en la evaluación, que debería, al menos, extender el tiempo para las entrevistas personales, a fin de escudriñar mejor a los aspirantes a desempeñarse al frente del sistema de justicia del país. Aquí radica precisamente el inconveniente que traería una elección ejecutada por un Congreso de salida, que repentinamente tendría en las manos un verdadero loteriazo en influencia política e incluso búsqueda de impunidad, a imagen y semejanza de la elección de 2014, que fue una exhibición de intercambio de favores y un sifón que permitió la entrada de personajes dudosos a la CSJ.

Si caben aún dudas sobre lo que ocurriría si el Congreso saliente elige, basta con recordar el adefesio legal que hicieron con las reformas al Código Procesal Penal, las cuales buscaban viabilizar la aceptación de cargos mediante la colaboración eficaz de los señalados con la investigación. Esta última parte fue eliminada y solo se dejaron beneficios para los delincuentes que confiesen, sin mayor consideración hacia las víctimas. Se trata de una aberración jurídica que debe ser constitucionalmente impugnada, aunque la afrenta está hecha; peor aún, la Comisión Permanente seguía intentando, ayer, armar una sesión plenaria para aprobar más cambios al Código Procesal Penal, antes del 14 de enero de 2020.
Si las intenciones del Consejo de la Carrera Judicial son nobles, deberían hacer una declaración pública de sus criterios de calificación y la verdadera finalidad del proceso que ejecutan. Así también, las comisiones de postulación, que retomarán labores el 6 de enero, deben exhibir coherencia ética y tener una fuerte exigencia, a fin de depurar con cautela las listas finales.